sábado, 12 de julio de 2008

La especulación en la crisis alimentaria

A los biocombustibles se los acusa de ser los culpables de la crisis alimentaria mundial. Es injusto y malintencionado: su influencia es pequeña. Por el contrario, pesa, y mucho, la especulación financiera.

La crisis alimentaria mundial refleja el fin de la ilusión de abundancia en la que hemos vivido desde hace 20 años. Los factores que la han originado son múltiples y complejos:
- un desequilibrio estructural creciente entre oferta y demanda producido por políticas equivocadas y por la demanda de los países emergentes,
- agravado por malas condiciones climáticas y por el precio del petróleo, que tiene un gran impacto en los costes agrícolas desde los fertilizantes al transporte, y
- amplificado por la especulación ante la escasez creada por las restricciones a la exportación y la debilidad de los stocks.
Otro de los factores causantes de la crisis, señalado con frases lapidarias, se atribuye al papel de los biocombustibles. Aunque habría que distinguir entre bioetanol y biodiésel, su impacto ha sido, en mi opinión, menor del que se les adjudica mientras que el de la especulación ha sido mayor del que se quiere reconocer.
En efecto, un 77% de aumento del índice de precios FAO en el 2007, no puede explicarse por los 20 millones de toneladas adicionales de cereales dedicados al bioetanol sobre una producción mundial de 2.100 millones. Debe haber otras causas más importantes, como las malas cosechas.
Por ejemplo, en Europa dedicamos a la producción de bioetanol 2 millones de toneladas, menos del 2% del total de la cosecha, pero ésta disminuyó 33 millones en el 2005, 11 en el 2006 y no se recuperó en el 2007.
Por ello la Comisión Europea insiste en mantener el objetivo del 10% de participación de los biocombustibles, basado en criterios estrictos de sostenibilidad y teniendo en cuenta los de segunda generación que no interfieren en la producción alimentaria. Y el Parlamento Europeo ha rechazado todas las enmiendas destinadas a suprimir o reducir este objetivo.
El cereal que más ha subido de precio es el arroz, que no se utiliza en la producción de bioetanol.
El trigo se utiliza muy poco pero también ha subido mucho.
Y, por el contrario, el azúcar ha bajado a pesar de que la caña que lo produce es la materia prima del etanol brasileño en plena expansión. Pero, como explicó el presidente Lula en Roma, la caña de azúcar de Brasil ocupa el 2% de las tierras agrícolas y sólo la mitad se dedica al etanol.
Los datos de la producción de cereales desmienten que la expansión del etanol se haya hecho en detrimento de la producción de alimentos.
Es cierto que un 25/30% de la cosecha de maíz americano se dedica a la producción de bioetanol y ello ha influido, de forma difícil de cuantificar, en el aumento de su precio. Pero, aun así, el maíz es el cereal que menos ha subido en términos relativos.
El 99% de la producción es maíz amarillo, que no se usa para la alimentación humana. Y las exportaciones americanas de maíz no han disminuido porque la producción también ha aumentado. Si no se hubiese dedicado al bioetanol lo más probable es que no se hubiese producido y la oferta alimentaria no habría sido mayor.
No se puede estar en misa y repicando. Si se suprimen los subsidios a la exportación agrícola, parte de la producción buscará otra finalidad.
Lo mismo ocurre en Europa: no se puede acusar a las exportaciones europeas de destruir las agriculturas de otros países y también de causar el hambre cuando ya no se exportan y se dedican a producir energía.
Por ello los biocombustibles no deberían ser el chivo expiatorio de los problemas alimentarios mundiales. Con las debidas precauciones pueden contribuir decisivamente a la descarbonificación del transporte y a generar recursos para los países en desarrollo, mientras se impulsan los de segunda generación.
En cambio, parece claro que la especulación en los mercados financieros de futuros ha actuado como acelerador de los precios. Un aumento de 400 a 1.000 dólares la tonelada de arroz en cinco semanas, no se puede atribuir a ninguna variable física y mucho menos a la producción de biocarburantes, que no lo consumen.
En plena escalada de precios, el capital de los fondos de inversión en productos agrícolas europeos se multiplicó por 5 y por 7 en los americanos. Lo mismo ocurrió con el número de contratos de futuros. El desplazamiento de las inversiones especulativas quedaba bien reflejado en los impúdicos anuncios de algunos bancos europeos invitando a sus clientes a invertir para "sacar provecho de los efectos del cambio climático y del encarecimiento de los alimentos". Ante la protesta del Parlamento Europeo esos anuncios fueron rápidamente retirados.
En el caso de las tortillas mexicanas, producidas con maíz blanco, el propio gobernador del Banco Central reconocía que su carestía no se podía imputar a la producción de bioetanol americano a partir de maíz amarillo, sino al acaparamiento especulativo de los tres grupos agroindustriales que se reparten el mercado.
La crisis mexicana tiene mucho que ver con la disminución de su capacidad agrícola. Desde 1994 México ha triplicado su importación de cereales mientras 2 millones de hectáreas han ido al barbecho y 2 millones de empleos agrarios perdidos emigran a EE UU. Lo mismo ha ocurrido en muchos países en desarrollo.
Se impulsó la agricultura de exportación aprovechando los bajos costes laborales en detrimento de la producción de alimentos para la población, destruyendo el equilibrio territorial y provocando la dependencia alimentaria, confiando en que los precios a la importación serían siempre bajos.
Hoy el 75% de los 3.000 millones de pobres son rurales y malviven de la agricultura. Pero ésta sólo recibe el 4% de la ayuda al desarrollo. Como se dice y repite, esta crisis es una oportunidad para impulsar el desarrollo agrícola, especialmente en África.
Para aprovecharla hay que aumentar su productividad aportando insumos en vez de una ayuda alimentaría que no resuelve el problema de fondo y cuya disponibilidad depende de la cuantía de nuestros excedentes.
Pero no repitamos los errores del pasado. No bastará dotar de semillas y abonos a los pequeños agricultores africanos si siguen enfrentados a importaciones con las que no pueden competir. Y la producción no aumentará, más bien disminuirá, sin un enorme esfuerzo para adaptarse a las consecuencias, ya inevitables, del cambio climático en África. Ni servirá de nada aumentarla sin infraestructuras que permitan trasladarla a los mercados. A ello se refirió claramente el presidente Zapatero en Roma.
La situación es grave y no tiene solución única ni rápida. Casi todos los protagonistas de la reunión de Madrid, encuentro organizado por el Partido Socialista después de la Conferencia de la FAO en Roma, habían alertado a la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo de la nueva cara del hambre provocada por el incremento de los precios agrícolas. Y el Programa Alimentario Mundial nos acaba de pedir 100 millones de dólares adicionales para alimentar a la población palestina en Gaza y Cisjordania.
Los biocarburantes pueden contribuir a este nuevo desarrollo agrícola aumentando la inversión y generando precios rentables sin los cuales no hay desarrollo agrícola posible.
Forman parte de una respuesta a la crisis alimentaria que debe ser tan multidimensional y compleja como sus causas. Y sin olvidar que necesitamos alimentar a un 50% más de seres humanos y, a la vez, reducir un 50% las emisiones de CO2 de aquí al 2050.

JOSÉ BORRELL FONTELLES - Parlamento Europeo - "El País" - 12-Jul-2008

Un pacto de estabilización

Todos sabemos que sobre nuestra economía se ejercen hoy fuerzas que la empujan en direcciones opuestas:
- las presiones sobre los costes, venidas sobre todo del exterior,
- chocan con la debilidad creciente de la actividad interna, originada por la crisis inmobiliaria, y
- el resultado es una coyuntura de precios al alza y crecimiento a la baja para la que se acuñó, hace más de tres décadas, el nombre de estagflación.
Por su misma naturaleza, la estagflación es muy incómoda para los responsables de la política económica, ya que parece obligarles a que su mano derecha, preocupada por la inflación, contrarreste lo que haría su izquierda, preocupada por el empleo. En nuestro caso, las medidas anunciadas por el Gobierno parecen dirigidas, como es de esperar, a paliar los efectos del creciente desempleo; nada hay que objetar, siempre que no olvidemos que no son sino parches que hacen más llevadera la tarea de la mano derecha: estabilizar los precios.
Esta tarea es necesaria, y más en España que en otros países de nuestro entorno, ya que partimos con desventaja. Basta con recordar el periodo 1975-1985 para apreciar el lastre que supuso, para la economía mundial, una inflación creciente; en nuestro caso, el episodio inflacionario de 1975-1977 estuvo a punto de hacer descarrilar nuestra economía y, con ella, todo el proceso de la Transición.
El ajuste, en nuestro caso, ha de ser más acusado que en otros, ya que partimos de un nivel de inflación superior; pero si no lo iniciamos ahora, la distancia con respecto a nuestros socios irá creciendo; nos despertaremos de una recesión para ver cómo van en aumento las dificultades para financiar nuestro déficit exterior, y al final no nos quedará más alternativa que proceder a un ajuste dramático, o salir del euro. No nos hagamos ilusiones: vivimos en un país demasiado frágil para correr esos riesgos.
La estabilización es, naturalmente, una tarea impopular; tanto, que puede que sintamos la tentación de excusarnos pensando que detener la inflación no está en nuestras manos, por ser cosa del Banco Central Europeo, y que éste ya hará de chivo expiatorio de las iras europeas cuando sea necesario.
Esto es no sólo peligroso, sino falso.
- Peligroso, porque la situación de la economía española no ocupa el primer lugar en las preocupaciones del BCE;
- Falso, porque podemos detener un proceso inflacionario sin acudir a Francfort.
Si vamos a la raíz del asunto, resulta que el proceso tiene su origen en un conflicto de distribución:
- cada cual trata de pasarle al otro el empobrecimiento que supone haber de pagar más por cosas que importamos:
- el empresario trata de mantener sus márgenes subiendo los precios;
- el asalariado, de mantener su renta pidiendo aumentos de sueldo;
- el empresario trata de pasar el aumento de salario a los precios, y
- vuelta a empezar.
Todos saben que la cosa no termina bien, ya que, tarde o temprano, el proceso habrá de detenerse; pero nadie quiere renunciar sin más a lo suyo.
Si todos se pusieran de acuerdo en acabar con las subidas, la inflación se detendría. Si todos están convencidos de la voluntad del Banco Central de parar el proceso, preferirán no iniciarlo, y la inflación se mantendrá bajo control. Pero lo mismo ocurrirá, sin intervención del Banco Central, si las partes se ponen de acuerdo en renunciar a las subidas, sabiendo que, al final, es lo mejor para todos.
En esto consiste precisamente un pacto de estabilización; y, como ve el lector, es algo que está al alcance de cualquier persona dotada de sentido común.
El pacto es un acuerdo tomado entre empresarios y sindicatos por los que ambos se comprometen a limitar los aumentos de precios y de salarios.
El Gobierno suele presidir el proceso, y suele comprometerse, a su vez, a no aumentar (demasiado) los precios que de él dependen.
La idea es sencilla, aunque, como se dice, el diablo se esconde en los detalles.
Requiere, ante todo,
- una gran dosis de buena fe, ya que el control detallado de precios y salarios es imposible;
- al cabo del tiempo, unos y otros se cansan de portarse bien, los incumplimientos empiezan a menudear, y
- todo suele degenerar en picaresca.
No importa: un acuerdo de estabilización no pretende ser una solución para la eternidad; es mucho menos ambicioso que los llamados pactos de rentas, que quieren poner coto al crecimiento de los ingresos, y que han caído en descrédito por las dificultades de vigilar su cumplimiento.
El pacto ha de tener una duración limitada en el tiempo: no puede ser sino un expediente destinado a salvar una coyuntura transitoria, con un objetivo bien preciso, pero muy importante: ayudar a que unos y otros no se acostumbren a la idea de unos precios crecientes.
La idea del pacto de estabilización no gusta a quienes imaginan una economía como una máquina que marcharía a la perfección si la dejaran en paz; pero, si atendemos a nuestra experiencia, hemos de recordar que los Pactos de la Moncloa fueron un pacto de este estilo, y que nos salvaron de un descalabro.
Como requiere un serio compromiso por parte de los agentes, no es un remedio adecuado más que en circunstancias de cierta gravedad, y las nuestras lo son.
Por otra parte, la idea del pacto tiene grandes ventajas:
- se basa en un acuerdo voluntario entre los agentes económicos, en que el Gobierno desempeña a lo sumo un papel de moderador;
- el pacto es percibido como un proyecto común, en un momento en que sobran ocasiones de división y enfrentamiento;
- puede ser también una solución más equitativa al conflicto de distribución que está en la raíz del proceso inflacionario.
Sobre todo, echa mano de uno de nuestros grandes logros: la costumbre del diálogo entre empresarios y sindicatos.
Hace días, una revista nada menos que italiana ponía como ejemplo a sus lectores las declaraciones de un responsable sindical español sobre la crisis. Era un elogio merecido. No desaprovechemos ese activo.

ALFREDO PASTOR - IESE España - CEIBS de Shanghai - "El País" - Madrid -12-Jul-2008

Las vacas contaminan... pero menos

El estiércol y las flatulencias procedentes de las cabezas de ganado contribuyen al deterioro de la capa de ozono.

El estiércol y las flatulencias procedentes de las cabezas de ganado, especialmente las de las vacas, contribuyen al deterioro de la capa de ozono, aunque su participación continúa siendo mucho menor que la procedente del sector energético.
La emisión de gases de efecto invernadero de la ganadería y en menor medida de la agricultura representan en España el 10,65% del total, aún lejos del procesado de energía, que acapara más del 78% de las emisiones, según los datos del informe elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente para la Comisión sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas.
Opiniones como la del economista estadounidense Jeremy Rifkin, quien defiende que las vacas son culpables en gran medida del calentamiento global de la Tierra, han ido proliferando en los últimos tiempos, en consonancia con una corriente crítica con los efectos negativos de la ganadería en el medio ambiente.
Fernando Estellés, miembro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universitat Politècnica de València, reconoce, en declaraciones a EFE, que el objetivo es reducir las emisiones procedentes de la ganadería, aunque precisa que es imprescindible «no criminalizar» el sector.
«La cantidad global que emite al ambiente es poca si la comparamos con la producción energética», precisa Estellés, quien trabaja actualmente junto a otros de sus compañeros de departamento para conseguir un cálculo más preciso de la emisión real de cada animal, y que depende de la familia a la que pertenezca, el alimento que ingiera y de su propio peso.
Las cabezas de ganado emiten -entre el estiércol y las flatulencias- cerca del 60% del total de metano que se emite al medio ambiente en España, un gas entre 21 y 23 veces más perjudicial que el dióxido de carbono.
Estos animales producen dicho gas debido a que pueden comer alimentos con alto valor en fibra -como el forraje o la paja-, los cuales son difíciles de digerir y que para ser procesados exigen la presencia de una serie de bacterias en el estómago que en contacto con lo ingerido producen el metano.
El arroz es uno de los cultivos que también emite metano, aunque en una cantidad sensiblemente inferior a la de la ganadería, mientras que los suelos agrícolas sí tienen una cuota importante de emisiones debido a que generan óxido nitroso -causado principalmente por el uso de fertilizantes- por un valor equivalente a más de 19.000 kilotoneladas de dióxido de carbono al año.
En España se emitieron gases de efecto invernadero durante 2006 -año del que se tienen los últimos datos- equivalentes a 433.339 kilotoneladas de dióxido de carbono, de las que 46.181 proceden de la ganadería y la agricultura.
Este dato representa un porcentaje menor del total, pero cobra importancia si se compara con la cantidad de dióxido de carbono emitida en 2006 por los vehículos pesados, que produjeron más 32.000 kilotoneladas, o los turismos, que originaron 51.000 kilotoneladas.
Fernando Estellés asegura que intentar cobrar a los ganaderos por la contaminación que procede de sus animales es «excesivo», sobre todo «en un sector que ya lo está pasando mal de por sí» y que es fundamental para la alimentación de los ciudadanos.
El profesor de la Universitat Politècnica subraya que ya se está trabajando para conseguir que disminuyan este tipo de emisiones, estudiando qué alimentos convienen más y la creación de nuevos sistemas de tratamiento del estiércol.

Óscar Tomasi - "La Voz de Galicia" - Santiago - 12-Jul-2008

20 meses de cárcel una madre por agredir a dos profesoras

La madre de una alumna de un colegio público de Elche - Alicante ha sido condenada a 20 meses de cárcel por agredir a dos profesoras, a las que tendrá que indemnizar con cerca de 7.000 euros.

Según la sentencia del juzgado de lo penal número 3 de Elche, Rosa P.F., de 38 años, se dirigió el 27 de octubre de 2006 al colegio público Casablanca con la intención de ver a la profesora de su hija, Margarita B.C., debido a que, según le acababa de relatar otro hijo, ésta había agredido a su hija pequeña. A su llegada al centro, otra docente, Ana Carolina G.M., le explicó que no podía pasar a la clase y la condenada reaccionó, "conociendo su condición de profesora, pellizcándole el cuello y con una bofetada". Esta le produjo una contusión facial izquierda y cervicalgia de las que tardó en curar 54 días, mientras que también le ha quedado como secuela un síndrome postraumático. Posteriormente, irrumpió en la clase de Margarita B.C. y le preguntó por qué había pegado a su hija, aunque sin dar tiempo a que la docente se explicara, le golpeó y ocasionó policontusiones, crisis de ansiedad y descompensación del problema tirodeo, de las que tardó en curarse 36 días, aunque le queda como secuela síndrome de estrés postraumático. El juez, Joaquín María Orellana, impone
- un año y un mes de prisión por delito de atentado contra funcionario público,
- así como otros siete meses por las lesiones, y
- recuerda que no es el primer altercado de esta mujer, que en el pasado tuvo otros problemas con profesores. Además, debe indemnizar a Ana Carolina G.M. con 2.268 euros por lesiones y 1.000 más por secuelas, y a Margarita B.C. 1.512 por lesiones y 2.000 por secuelas. Esta madre no llegará a ingresar en prisión al carecer de antecedentes penales y su abogado, José Miguel Esquembre, ha explicado que recurrirán el fallo ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, al entender que no se trató de un delito de atentado sino de lesiones.

Información - "Faro de Vigo" - Vigo -12-Jul-2008

jueves, 10 de julio de 2008

La recesión es un hecho en Dinamarca y amenaza a otros tres países de la UE

La innombrable crisis se materializa ya de manera ostensible en algunos países de la Unión.

Dinamarca se encuentra en recesión. Otros tres países europeos -Portugal, Irlanda y Estonia- registraron caídas en sus economías durante el primer trimestre de este año, según Eurostat, la Oficina Estadística de la UE.
Y España y Reino Unido se acercan al abismo: la economía española y la británica registraron también un serio retroceso hasta marzo, con un crecimiento de sólo el 0,3%.
El caso del Reino Unido es especialmente doloroso:

- la menor actividad económica y
- la caída de la libra esterlina
han permitido que la economía francesa adelante a la británica, a precios corrientes, como la segunda de Europa en términos de Producto Interior Bruto (PIB), el principal indicador de renta de los países.
Frente a esta perspectiva negativa, el conjunto de la UE y la zona euro experimentaron un crecimiento del 0,7% durante el primer trimestre. Aunque ese dato supone una rebaja de una décima sobre la estimación anterior, contrasta con el magro 0,2% de avance de la economía estadounidense.

El mejor comportamiento europeo se debe en buena parte a la fortaleza que demostró Alemania, con un crecimiento del 1,5% en los tres primeros meses del año, mientras que Francia e Italia se mantuvieron con un 0,5%.
Ese escenario de resistencia en los primeros meses de 2008 se truncará en el segundo trimestre, según ha advertido en varias ocasiones el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia. Los pronósticos de la Comisión Europea apuntan a un escuálido crecimiento del 0,2% para el segundo trimestre.
Las previsiones de la Comisión de finales de abril para el conjunto de 2008 indicaban un crecimiento del 2% para la Europa de los Veintisiete, y del 1,7% para la zona euro. Pero esta perspectiva resulta ya muy poco sostenible por el imparable encarecimiento del petróleo y la persistencia de las turbulencias financieras internacionales. Fuentes comunitarias señalan que desde abril "el crudo se ha encarecido un 30% adicional, y eso tendrá un impacto negativo en el crecimiento".
Dinamarca es el país que está saliendo peor parado
de esta combinación de factores. La economía danesa se encuentra ya en recesión, según la definición académica, al registrar dos trimestres sucesivos de caídas en el PIB (-0,2% y -0,6 %).
Portugal transita por el filo de la navaja
con un retroceso (-0,2%) hasta marzo, con el agravante del mal antecedente del tercer trimestre del año pasado (-0,1%).

Irlanda, con una reducción de su actividad del 0,5%, se hunde en la crisis tras el parón del 0,1% del periodo anterior.
Y Estonia, que hace menos de un año crecía a tasas de casi el 8%, también ha empezado el año con números rojos (-0,5%).
Junto a

- Alemania, (1,4%)
- Polonia, (1,4%),
- Eslovaquia (2,1%),
- Eslovenia (2,1%),
- Grecia (1,1%) y
- República Checa (0,9%)
son los países que experimentaron mejores resultados en enero.
Los malos augurios para el segundo trimestre ya se han dejado sentir en los datos del indicador del Sentimiento Económico, que registró una caída de 2,5 puntos en la UE y 2,7 en la zona euro. El peor descenso fue el sufrido por España, con un bajón de 6,2 puntos. Durante el pasado mes, el indicador, el Clima Industrial también sufrió un severo deterioro.
El estancamiento económico coincide con una espiral de precios descontrolada
. La inflación ha alcanzado ya el 4% en la zona euro, el doble de los objetivos del Banco Central Europeo. Su presidente, Jean-Claude Trichet, se reafirmó ayer en su política monetaria y recordó que la lucha contra el incremento de precios "es la principal preocupación de los ciudadanos", aunque sugirió que no habrá nuevas subidas de tipos.
El presidente del eurobanco justificó la subida del precio del dinero del 4% al 4,25% del pasado jueves, y aseguró que "no había contradicción entre la estabilidad de precios, el crecimiento y la creación de empleo". Frente a las críticas del presidente francés, Nicolas Sarkozy, Trichet contó con el apoyo del presidente del eurogrupo, Jean Claude Juncker, que se sumó al respaldo expresado por José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea.

Sarkozy -presidente de turno de la UE- encarna la actitud más crítica a la política monetaria del BCE, que comporta a un fortalecimiento del euro. Esa postura encontró ayer eco en el ministro de Finanzas alemán, Peer Steinbrück, que expresó sus dudas sobre una decisión -la subida de tipos- que consideró arriesgada en un momento en que la economía se está ralentizando.
A la subida del precio del crudo y la fortaleza del euro se añaden los problemas derivados de la crisis financiera. Lejos de remitir, el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, admitió ayer en Japón que la crisis no ha pasado.

"Las consecuencias sobre la economía real todavía están frente a nosotros", dijo Strauss-Khan, que sin embargo señaló que la principal amenaza "es que la inflación está desbocada en algunos países".
ANDREU MISSÉ - "El País" - Madrid - 10-Jul-2008

martes, 8 de julio de 2008

Expertos identificaron 12 "malas ideas" para economías emergentes

Comisión para el Crecimiento y el Desarrollo.
21 especialistas en políticas públicas, entre los cuales se encuentran dos ganadores del premio Nobel y el canciller Alejandro Foxley, se reunieron durante 2 años para elaborar un informe que incluye una curiosa lista práctica de los "no lo hagas" si quieres alcanzar las metas del desarrollo.
¿Cómo sale Chile parado? 3 reprobados, 3 pendientes y 6 aprobados
.


"Estos son los "por favor no lo hagas, si quieres ser un país desarrollado", explicó ayer José Juan Ruiz, el economista jefe para América del grupo Santander, en un seminario organizado por esta entidad en Madrid. Se refería al informe de la Comisión para el Crecimiento y el Desarrollo, organismo creado al amparo de
- el Banco Mundial,
- la Fundación William y Flora Hewlett, y
- los gobiernos de Australia, Suecia, Holanda y Reino Unido.

El documento fue elaborado por 21 especialistas, entre cuyos integrantes se encuentra
- el ministro de RR.EE. chileno Alejandro Foxley,
- el ex ministro peruano Pedro Pablo Kuczynski,
- el director de Citigroup Robert Rubin y
- los premios Nobel, Michael Spence y Robert Solow,
entre otros.

Preguntamos a economistas locales cómo sale parado Chile en estos 12 "errores":
1- Es mala idea subsidiar los precios de la energía, exceptuando subsidios muy limitados que apunten a sectores específicos y vulnerables de la población.
Los expertos consultados afirmaron que el reciente aporte al Fepco permite decir que Chile cae en este error, ya que lleva años de permanencia y los beneficios no son limitados a grupos vulnerables sino a toda la población.
2- Es un error enfrentar el desempleo generando puestos de trabajo en el gobierno
y considerando al Estado como un "empleador de emergencia".

Los recursos destinados por el gobierno a programas de empleo hacen que Chile repruebe también este punto.
3- No se debe recortar las inversiones en infraestructura como manera de reducir el gasto fiscal, sin considerar que estos capitales dan grandes frutos en el largo plazo.

En este punto Chile sale bien parado. De acuerdo a los economistas, el presupuesto de Obras Públicas ha crecido sostenidamente en el tiempo (el año pasado el presupuesto de inversión directa creció 27%).
Otra fortaleza es que el sistema de concesiones permite adherir recursos del sector privado a proyectos de infraestructura.
4- Es una mala idea proteger a sectores productivos, industrias, empresas o empleos específicos.

En caso que sea necesario el apoyo deberá ser por un periodo limitado y sin generar dependencia del subsidio. Si bien no hay consenso en este punto, existe la percepción de que Chile ha cedido últimamente a presiones de grupos de interés, beneficiando a sectores específicos de la economía.
Un ejemplo reciente, son los beneficios exclusivos que se les otorgó a los transportistas, disminuyéndoles el costo del combustible.
5- No se debe imponer controles de precios para frenar la inflación, la cual es mejor enfrentar con otras herramientas de política macroeconómica.

Los expertos fueron unánimes al considerar que Chile no utiliza el control de precios para el manejo de la inflación como sí lo hacen países como Argentina.
6- Es inconveniente prohibir las exportaciones por períodos prolongados para mantener los precios domésticos bajos, beneficiando a consumidores a costa de los productores.
Nuevamente Chile se saca buena nota. Nuestras exportaciones están sujetas a la oferta y demanda que determina el comercio internacional.
7- Es un error ignorar las exigencias medioambientales en las primeras etapas de desarrollo con la excusa de que es un "lujo inalcanzable".
En este punto, los expertos consultados coinciden en que los temas medioambientales sí son una preocupación nacional. Ejemplo de esto es la reciente creación del ministerio del Medioambiente.
8- Es una mala idea medir el progreso de la educación sólo por indicadores tales como número de establecimientos construidos o matrículas, en vez de enfocarse en los contenidos de la enseñanza y la calidad de la misma.
Si bien la discusión en Chile ha pasado desde la importancia de la cobertura a la calidad de la educación, los magros resultados revelan la deficiencia de las políticas públicas.
9- No se debe subinvertir en urbanización y, como consecuencia, en infraestructura urbana.
Chile aprueba. El país cuenta con buenos indicadores de cobertura de urbanización, así como sistema de concesiones.
10- No es recomendable pagar bajos sueldos a los empleados públicos (incluidos profesores) en comparación con los sueldos que el mercado pagaría a personas con las mismas habilidades.
Además, es una mala idea promover a los funcionarios según criterio de antigüedad en vez de usar métodos objetivos de evaluación de desempeño.
Todos reconocen que se ha avanzado. Prueba de ello es la creación de la Alta Dirección Pública. Sin embargo, hay sectores rezagados en el nivel de remuneraciones como salud.
Respecto al sistema de incentivos las críticas apuntan a que la remuneración variable del sector público se otorga como un beneficio extensivo para todos y no como un premio al desempeño.
11- No se debe tener una pobre regulación del sistema bancario, combinado con un control directo excesivo.
Unánime: Chile cuenta con un sistema bancario de primer nivel.
12- Permitir que el tipo de cambio se aprecie excesivamente antes que la economía alcance niveles de productividad mayor.
Chile está en deuda con las reformas microeconómicas que le permitan tener un tipo de cambio real competitivo en el largo plazo. El foco de las autoridades ha estado en el corto plazo, adoptando medidas tales como la compra de divisas por parte del Banco Central y los anuncios de Hacienda a favor de los exportadores, que además, habrían llegado tarde.
Marily Lüders - "El Mercurio" - Santiago de Chile - 8-Jul-2008

domingo, 6 de julio de 2008

Un cuchillo sin hoja al que le falta el mango

Por una diferencia estrecha, el oficialismo consiguió finalmente media sanción de la Cámara de Diputados para el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 24 de junio o, más bien, para lo que quedó de él.
Al día siguiente del anuncio de la señora de Kirchner de que consultaría al Legislativo, el ministro de Justicia Aníbal Fernández, con su habitual clarividencia, tradujo los deseos del matrimonio presidencial: "Hay que aprobar a libro cerrado el texto que se envió". Si se excluyen los dos primeros artículos del proyecto, el resto fue totalmente modificado en función de la necesidad del oficialismo de acercar socios y votos y, sobre todo, de evitar fugas de las propias filas.
Así, el resto del proyecto original quedó como un cuchillo sin hoja al que le falta el mango. La ansiedad recaudatoria que había guiado inicialmente al gobierno y al redactor de la Resolución 125 (el renunciado y alejado ministro de Economía Martín Lousteau) tuvo que contentarse con muchísimos menos recursos potenciales que los 1.500 millones de dólares que esperaban cosechar con las retenciones móviles. En sus intentos (no siempre exitosos) de seducción a diputados propios y ajenos, el kirchnerismo legislativo dejó jirones de aquella suma. En cualquier caso, y aun si se admite que el tintineo de la caja es un sonido que subyuga al oficialismo, lo central para el matrimonio presidencial consistía en salvar del naufragio que le provocó su choque con el campo una imagen de victoria legislativa y los dos artículos primeros del proyecto, los que ratifican la Resolución 125 y le reconocen al Ejecutivo su atribución para fijar esa suerte de impuesto excepcional a los ingresos brutos que son las retenciones.

Al aprobar (por menguada que haya sido la diferencia) ese capítulo del proyecto original, la Cámara de Diputados delegó una vez más a la Presidencia funciones específicas que le fija la Constitución, es decir se sometió voluntariamente a una amputación de facultades propias.
Está por verse aún -sobre ese tema deberá pronunciarse tarde o temprano la Corte Suprema- si lo que votó la Cámara Baja es o no inconstitucional. El hecho de que el Congreso vote una norma -por la mayoría que sea- no convierte a esta automáticamente en constitucional.

Si una mayoría legislativa decidiera próximamente, por ejemplo, designar rey a Néstor Kirchner o implantar la esclavitud en la Argentina, esas ocurrencias no pasarían el examen de constitucionalidad, serían nulas de toda nulidad, la Corte se expediría sobre el asunto con la celeridad necesaria y, además, probablemente la ilegalidad manifiesta determinaría reacciones políticas de distinta magnitud.
El gobierno, de todos modos, tiene motivos para suspirar aliviado por el momento, ya que consiguió preservarse de una derrota legislativa. Por primera vez en mucho tiempo el Congreso actuó más cerca de lo que la sociedad espera de él que de la escribanía presidencial en la que estuvo convertido durante cinco años.
Hasta los diputados oficialistas parecían alegres de este volver a vivir, aunque omitían en sus discursos ante las cámaras de tevé que la fuerte asistencia y los debates enérgicos, las reuniones multitudinarias de las comisiones y las consultas a las partes interesadas que el país observó en los últimos días ocurrieron como resultado de una vastísima movilización del campo y de la Argentina interior que duró casi cuatro meses, que forzó al matrimonio presidencial a enviar al Congreso lo que pretendía decidir de entrecasa y que hasta impulsó a sectores del oficialismo a retobarse, a desobedecer o a elevar su cota de pensamiento crítico y realismo.
Fueron el campo y la rebelión de la Argentina interior los que levantaron la cotización del Congreso y de los congresistas (sin excluir, por cierto, a los del oficialismo y sus aliados).


La prueba del ácido
Ese triunfo forzado y notoriamente pírrico que el kirchnerismo logró el sábado a la mañana tiene todavía que pasar por la prueba del ácido de la realidad. Si bien se mira, lo que el oficialismo saca de Diputados es la ratificación de la resolución que provocó el largo conflicto; puede objetarse que los montos de las retenciones han sido acotados por un mecanismo de compensaciones que achica sus efectos para los productores más pequeños.
A eso hay que señalarle, sin embargo, que los productores desconfían de las compensaciones ("¿Para qué me sacás con el argumento de que me vas a devolver? No me saques", ha objetado con elocuencia el entrerriano Alfredo De Angeli) y que estas compensaciones, según lo que aprobaron los diputados, rigen sólo hasta octubre, por cuatro meses.
Es decir: en el mejor de los casos las retenciones se achican hasta octubre, pero esta ley le ha reconocido sine die al Poder Ejecutivo la atribución de fijar ese impuesto y los montos correspondientes.
- ¿Con qué confianza van a sembrar y producir los chacareros ante esa discrecionalidad atribuida a una autoridad que sólo cedió lo que cedió después de una verdadera gesta nacional de la Argentina interior?
Muchos de ellos piensan que, en unos meses, una vez desmovilizado el campo, un Ejecutivo urgido financieramente por las dificultades de su política económica volverá a embestir contra él. Por eso la inquietud sigue manifestándose en asambleas y a la vera de las rutas. La votación de la Cámara Baja no devela las dudas e inquietudes de los productores. Y por cierto no da ninguna respuesta aún a los reclamos de mejor distribución territorial de los recursos.


La naturaleza de la crisis
Lo que el país viene desplegando desde hace 120 días no es una crisis como otras, ni una mera pelea entre un sector y el Estado, ni un cortocircuito de carácter institucional. Esas y otras dimensiones están presentes, sí, pero lo que define la actual situación es su carácter de crisis política de fondo, la circunstancia de que un amplísimo y creciente número de argentinos siente que debe optar entre uno de dos espacios enfrentados.
Lo paradójico, a primera vista desconcertante, es que la crisis se desatara en el momento en que a la Argentina se le abre una perspectiva de abundancia. Se trata, en rigor, de una crisis que estalla porque una traba política obstruye el acceso del país a la oportunidad histórica excepcional de reinstalarse vigorosamente en el mundo a partir de sus capacidades productivas y su competitividad internacional en el terreno de los alimentos, convertido en un campo estratégico por la explosión de la demanda mundial (y por la sustentabilidad en el tiempo que se proyecta en esa demanda).
El obstáculo se interpone no ante una posibilidad genérica o azarosa, sino ante una oportunidad que ya se ha abierto. No se trata de que la Argentina tenga meras "condiciones naturales" para ese aprovechamiento.
- Tiene tradición en la actividad y experiencia productiva,
- tiene un sector social protagonista de la producción que reúne a la vez espíritu emprendedor, creatividad, competitividad internacional e importancia económica.
La producción del complejo agroindustrial responde por las dos terceras partes de las exportaciones argentinas. Ese fenómeno heterogéneo pero íntimamente conectado, que se expresa como "el campo" se manifiesta en todo el territorio nacional, ha expuesto su voluntad de actuar y de "remover el obstáculo" que impide la conexión con la oportunidad histórica. Y define como obstáculo una política -un gobierno- que no se limita a impedir pasivamente esa realización, sino que lo hace de modo activo:
- combate por distintos medios,
- sin excluir el uso de la presión y de la fuerza,
- a los sectores que encarnan esa oportunidad.

El instrumento de la obstrucción ha sido el sistema de las retenciones móviles impuesto por la Resolución número 125, que el gobierno K sostiene pese a que hizo renunciar al ministro que la elucubró.

Menos equidad territorial que en el Proceso
Esa resolución y el régimen de retenciones que estableció son en verdad, una ilustración perfecta tanto del obstáculo que el oficialismo le impone a la producción agraria como de su agresión al federalismo fiscal. Sucede que las retenciones son recursos que el Gobierno nacional recauda, pero excluye de la masa impositiva que debe coparticipar con las provincias. Así, afecta a los productores y a los distritos en los que ellos operan, aspirando de los bolsillos de unos y otros fortunas que terminan en las arcas del centralismo.

En el período 1973-75, durante el último gobierno de Juan Perón, continuado tras la muerte del General por su viuda, María Estela Martínez, la coparticipación automática de la recaudación total de impuestos nacionales a favor de las provincias superó el 50 por ciento (durante 1975 llegó al 52,4 por ciento).
Durante el Proceso militar, iniciado en 1976 con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, la cuota de impuestos coparticipados por las provincias cayó marcadamente, y en el último año de ese régimen fue del 32 %.
La ley 23548, sancionada durante la presidencia de Raúl Alfonsín, decidió que el 57,66 por ciento de los recursos recaudados iría a las provincias y garantizó en su artículo 7 que las transferencias automáticas no serían inferiores al 34% de esos recursos.
Hoy no sólo no se obedece a la Constitución reformada en 1994 que reclama una nueva ley de coparticipación federal: tampoco se cumple con la norma subsistente, pues el porcentaje de recursos recaudados por la Nación que se transfiere automáticamente a las provincias es el más bajo del último medio siglo: sólo el 27 %.
Sí, más bajo inclusive que el de los años de la dictadura.Y ese reparto se sigue encogiendo en términos proporcionales. En mayo, por ejemplo, los recursos totales del sector público se incrementaron en un 30,5 por ciento. Las transferencias automáticas a las provincias, en cambio, sólo crecieron un 19,5 por ciento en promedio. Los promedios muchas veces opacan la realidad. En el caso de las transferencias a las provincias, ocultan que algunas (las que tienen gobernadores obedientes y disciplinados) son favorecidas con recursos que se niegan a los más díscolos.
Mientras Entre Ríos recibe 1.600 millones para obras públicas y al Chaco de Jorge Capitanich se lo premia con 200, a Córdoba sólo se le giran 18 millones y medio, mientras su gobernador, Juan Schiaretti amenaza con recurrir a la Justicia para que le paguen cien veces esa suma: 1.600 millones de compromisos previsionales que el Estado Nacional había jurado que oblaría…antes del conflicto agrario.
Por su lado, Catamarca, donde gobierna un radical que dejó de ser K, Eduardo Brizuela del Moral, recibió alrededor de $20 millones, pero reclama 100 de una deuda que el estado central le mezquina.
El Estado central, entretanto, recauda y gasta.
En ese mismo mes de mayo, por caso, el gasto primario del Gobierno nacional creció (por encima de la recaudación) un 40,1 %. La mitad de ese aumento se destinó a "transferencias al sector privado", dicho más llanamente:
- a subsidios, buena parte destinados a cubrir el notable déficit energético y la dispendiosa vía de resolverlo que eligió el gobierno, o
- al transporte.
En lo que va del año -señala un minucioso informe del diario La Nación-, el aporte de los subsidios "al incremento de los gastos primarios ya supera la contribución de las prestaciones a la seguridad social, explicando, respectivamente, un 35 % y 32 % de la expansión total".

La lógica del "modelo"
El llamado "modelo K", tiene una lógica transparente:
- succiona recursos de todos los distritos (principalmente de la Argentina interior) hacia la caja central,
- los emplea para condicionar y disciplinar gobiernos provinciales o municipales;
- confisca a los sectores más productivos y competitivos.
- con ellos distorsiona los precios generando dependencia de sectores empresarios,
- que en lugar de obtener rentabilidad por la vía del mercado y la competencia, la consiguen como cortesanos y embolsando subsidios.
Un trabajo reciente ilustra la matriz parasitaria de ese modelo: "Actualmente, para la soja, con una retención del 46 por ciento y un valor para la tonelada de soja de u$s 550, el Gobierno recauda unos u$s 250 por tonelada de soja producida.
- Así, el productor que cosechó 40 quintales por hectárea, aporta al Estado 1.000 dólares por hectárea (sí, mil dólares por hectárea) y
- el que sacó 12 quintales aporta 300 dólares por hectárea aunque perdió plata y lejos de tener una renta extraordinaria tuvo una pérdida.
En los actuales niveles de retenciones no hay situación en la que el productor gane más que el Estado, que lo único que hizo fue dictar la Resolución 125". Si se agrega que esa recaudación huye de las provincias que generan la riqueza para aterrizar en la caja central, se comprende que el interior -sector público y sector privado- se rebele frente a una política que lo condena al languidecimiento precisamente en el momento en que el mundo ofrece una oportunidad excepcional.

La victoria numérica obtenida por el oficialismo en Diputados ha ratificado la Resolución 125 y, sobre todo, la presunta atribución del Ejecutivo para fijar retenciones a piacere.
Ha vuelto a las andadas, aunque endulzara ese trago amargo para el campo con innumerables parches bajo la forma de reintegros…que sólo tienen vigencia hasta octubre. Y que, más allá de eso, no gozan de la confianza de los productores.
¿Solución para semejante crisis o, una vez más, un cuchillo sin hoja y sin mango?

Jorge Raventos - "La Capital" - Mar del Plata - 6-Jul-2008