Sitio a la Justicia

Nuestro Poder Judicial está cercado. Como en Venezuela o en Argentina, “a la uruguaya”, nuestra justicia sufre hoy el asedio oficialista.

Nuestro Presidente luce lejano al tema, a diferencia de sus colegas caribeño y porteño.

No resuenan discursos exaltados desde la altura pero ,con persistencia, “fuerzas amigas” desatan una campaña nacional e internacional que ha instalado ya una nube de presión sobre nuestra Corte de Justicia.

Un día se declara que las resoluciones de la Corte lnteramericana son obligatorias para nuestra justicia. No importa que ni Brasil , ni Venezuela, ni Ecuador, acaten sus fallos y que nuestro hermano norteño aplique una amnistía a los militares –decretada por la dictadura y nunca refrendada por la democracia- sin que a nadie se le mueva un pelo.

Otro día se asalta la sede de la Corte en forma violenta, queriendo impedir el traslado de una Jueza.

Se ignoran dos pronunciamientos populares incuestionables que ratificaron la controvertida ley de caducidad y se sigue adelante, como si no pasara nada, sancionando una norma que anula sus efectos, en un acto tan groseramente inconstitucional que así los proclamaron voces tan representativas como la del Ministro de Defensa Fernández Huidobro. Cuando la Corte hace lo obvio, declarando esa inconstitucionalidad, cuatro Fiscales, funcionarios con independencia técnica pero subordinados al Poder Ejecutivo , recusan a los cuatro miembros de la Corte que votaron esa resolución porque uno de ellos hizo una manifestación que consideran “prejuzgamiento” pese a que no pasó de ser una explicación de su propio proceder. Como si todo esto fuera poco, un gropúsculo de militantes radicales, se introduce en una manifestación deportiva y apedrea la sede del Poder Judicial

Mientras tanto, se procura -en el exterior- que los burócratas de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos dedicados al tema Derechos Humanos, reclamen a nuestro gobierno acciones contrarias a nuestro ordenamiento .

Y se trae al ex juez Garzón, destituido en España por violar la privacidad de ciudadanos con escuchas telefónicas no autorizadas, contratado ahora por la Argentina para apoyar su absurda reforma del Poder Judicial, para que venga también a presionar con argumentos falaciosos.

Todos ellos ignoran los plebiscitos uruguayos, que no pueden ser desconocidos ni por la ley, por emanar del órgano máximo del sistema democrático, que es la ciudadanía.

Invocan una presunta “teoría moderna de los derechos humanos” en virtud de la cual relegan el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que rotundamente dice que no se aplicarán sus disposiciones a hechos anteriores a su vigencia y que ninguna pena puede ser retroactiva ( artículos 11y 24).

Lo mismo reza en el Pacto de San José de Costa Rica por expreso, recogiendo un principio viejo como el derecho mismo: no hay crimen sin ley que anticipadamente lo establezca, como ocurre en este caso, en que los homicidios se pretenden transfigurar en delitos de “lesa humanidad” cuando esta categoría no existía en el derecho.

Lo tremendo es que nuestro gobierno se hace presente en la Corte, con varios Ministros y el secretario de la Presidencia, para recordarle esos pronunciamientos internacionales. Y nuestro Canciller no pierde oportunidad de decir que el país corre serios riesgos de sanciones. En una palabra, el principio de separación de poderes es abiertamente violado y –lo que agrava aun más la situación- para defender criterios tan anti-democráticos como los referidos.

Se ignora abiertamente que conforme a nuestra Constitución (art.257) la Corte tiene competencia “originaria y exclusiva” para interpretar sus violaciones y que esa disposición, fundamental en la arquitectura jurídica de nuestra democracia, no se ha delegado en ningún poder internacional o extranjero, porque somos un país soberano.

En todo este asunto lo que menos importa es que se trate de la ley de caducidad. Hoy es ella, mañana podrá ser la peligrosa ley de medios, una abusiva disposición sobre elecciones o cualquier otro debate tocante a las libertades individuales. Esa es la real cuestión.

- Si los principios más sagrados del derecho no valen,

- si los pronunciamientos de la ciudadanía se desconocen,

- ¿de qué democracia uruguaya estamos hablando?

Por supuesto, no se intenta quebrarla de un golpe; se la va desgastando todos los días, como una lima sorda. Y el soberano Estado uruguayo es desconocido por cualquier grupo burocrático o aventurero internacional a quien se le da estatus de oráculo.

Nuestro Presidente no grita. Nuestro Vice tampoco. Pero dejan hacer. 
Y las protestas de la prensa y la oposición corren sin consecuencias, al amparo de la mayoría absoluta con la que el Frente Amplio se cree autorizado a todo. 
Así ocurrió con la educación, o con la seguridad pública, paso a paso. 
Anhelamos, confiamos, en que en algún momento una real reacción cívica nos devuelva lo perdido.

Julio María Sanguinetti - El País - Montevideo - 21-Jun-2013