Protocolos y actitudes (para enfrentar catástrofes)

El terremoto y el tsunami que azotaron la zona centro-sur del país hace 10 días dejaron al descubierto una serie de deficiencias en los mecanismos que el Estado ha diseñado para enfrentar catástrofes, a resultas de lo cual ha sido mucho menor que la esperada la mitigación de problemas que lograron
- los sistemas de alerta,
- las acciones de emergencia y
- la conducción de las situaciones en esas circunstancias.
El país ha sufrido en los últimos cinco años
- el terremoto de Tarapacá de 2005 y el de 2007;
- terremoto y tsunami de Aysén en 2007 y
- el reciente en 2010;
- deslizamientos de tierra en Concepción en 2005 y 2006;
- aluviones en el camino a Farellones en 2009, y
- la erupción del volcán Chaitén en 2008.
Esta simple enumeración evidencia que se justifica de sobra elevar los estándares de preparación ante futuras catástrofes.
Las dificultades del aparato estatal para enfrentar esta clase de problemas —como el reciente siniestro lo ha ilustrado con trágica elocuencia— corresponden a fallas en los protocolos de acción ante eventos inesperados que requieren
- reacciones inmediatas, y
- a actitudes equivocadas, aunque bien intencionadas,
- en el modo de informar a la población.
Eso fue particularmente claro con
- la alerta del tsunami,
- las decisiones sobre estados de excepción y toques de queda, y
- los sistemas de recuento de víctimas y daños.
En contraste, el Centro Internacional de Alerta de Tsunami en Hawai tiene un protocolo claro y preciso para formular alertas: - en el caso de terremotos por sobre 7,5 grados en la escala de Richter,
- la alerta de tsunami es automática y no depende de interpretaciones de datos,
pues prefiere errar en el diagnóstico por exceso de alarma que lamentar por exceso de cautela.
Por eso, hace 10 días la población de Hilo, en Hawai, fue instada a evacuar la ciudad hacia zonas altas, protegidas de un posible tsunami, siguiendo ejercicios rutinariamente practicados, de las cuales volvieron sin que nada grave hubiera ocurrido, pero habiendo minimizado los riesgos enfrentados.
La actitud de nuestras autoridades pareciera ser no alarmar a la población, exactamente la contraria de la requerida cuando los riesgos involucrados son importantes.
Por el contrario, la situación debería ser calibrada y establecida con anticipación en la forma de protocolos que no dejen lugar a ambigüedades.
Lo mismo pasa con el orden público, pues cada vez que ocurren catástrofes en las que la autoridad no es percibida como presente —terremotos, apagones o guerras, entre otros— una parte de la población deja de lado el respeto por la institucionalidad existente y opta por apoderarse de bienes ajenos o por abusar de los más débiles:
- los numerosos casos de violación en el apagón de Nueva York en 1977, o
- los masivos saqueos tras el huracán “Katrina” en EE.UU.
- ilustran que éste es un fenómeno mucho más asociado a la naturaleza humana
- que a idiosincrasias nacionales o hechos coyunturales.
Un terremoto como el del pasado 27 de febrero debería activar un protocolo de prevención de alteración del orden público utilizando las FF.AA. sin necesidad de mayor análisis.
También los enormes errores relativos al número de víctimas indican que ésa es otra operación que debe ser sometida a la precisión de protocolos previamente establecidos y cuidadosamente practicados.
El nuevo gobierno ha anunciado que

- modificará,

- definirá y

- redefinirá

- protocolos de decisión y acción en casos de catástrofe.
Eso debe ir acompañado de una actitud que busque
- reducir los riesgos, mas no la alerta pública, y
- que establezca mecanismos para ejercitarlos,
- de modo de poder activarlos con rapidez y eficacia.

Editorial - "El Mercurio" - Sgo. de Chile - 9-Mar-2010