- Aplacar al Leviatán
- Una estatización de un banco que quiebra en
Irlanda, destripa la ley en Nueva York
Lo
centros financieros mundiales son también centros legales.
Las
empresas convergen hacia los lugares donde el dinero está disponible, y con frecuencia
toman fondos frescos prometiendo pagar a pesar que tienen disputas de pagos
resuelta en el mismo lugar.
- Un cierto grado de seguridad jurídica da
confianza a los acreedores,
- lo que a su vez se traduce en tasas más
bajas para los prestatarios.
Eso, al menos, es la forma en que se supone que
funciona.
En la práctica, cuando las empresas explotan, los acuerdos
financieros tienden a explotar también.
- Hay posibilidad de cohetes, cuando
- los gobiernos se involucran rapidamente.
Prueba número uno es
-
una batalla legal en Nueva York entre
- un
fondo de cobertura registrado en
Caimán y
- el Banco Anglo Irlandes. Para
aquellos que han perdido la cuenta de las instituciones que fueron pulverizados
por la crisis financiera, el
anglo-irlandés era una estrella antigua de la
escena de la banca de Irlanda, que se levantó rápidamente de las raíces
desfavorables durante el crecimiento vertiginoso de Irlanda en la década de
1990,
-
sólo para acumular una enorme perdida relacionados con la
propiedad
- cuando estallo la burbuja.
En 2009 fue
nacionalizado, y
en 2011 se fusionó a otra institución estatal.
La
mayoría de deuda de Anglo fue levantado en Europa, pero en 2005, surgieron
- 200 millones de dólares , valor de los pagarés que
- se emitieron
en Estados Unidos a las compañías de seguros.
Estos
préstamos fueron posteriormente
adquiridos por
- un fondo de cobertura
registrada en Caimán,
los socios del Abeto.
Como parte de la cuerda de Anglo,
-
el gobierno irlandés ha estado vendiendo
- miles
de millones de dólares en activos estadounidenses.
Viendo en juego sus activos,
Abeto, citando las
disposiciones del acuerdo sobre la deuda original,
- coloco la solución de
controversias en Nueva York,
-
presentó una demanda en la city de Manhattan
- solicitando que 200 millones de dólares de los activos de Anglo
- deberan mantenerse para cubrir su demanda.
- La petición
fue rechazada en noviembre , y
-
Abeto está apelando.
El
caso está siendo seguido detenidamente,
- no tanto por el rechazo de la petición
- sino por la razón del mismo.
Con la nacionalización,
concluyó el juez
Paul Gardephe,
-
El Anglo-Irlandés se
había convertido en
-
exentos de la jurisdicción estadounidense debido a
- una curiosa
doctrina legal llamada
- la Ley de Inmunidad de Soberanía
Extranjera.
El banco había, en definitiva,
pasado a
- formar parte del gobierno
de Irlanda y por lo tanto
- fuera del alcance de las leyes de Estados
Unidos.
"Si afirmó que" los demandantes escribieron en
su presentación a la corte de apelaciones, "la decisión del tribunal de distrito
expondrá a los acreedores en el extranjero tenedores de los contratos
regidos por la ley de EE.UU., y exigibles en los tribunales de EE.UU.,
- al riesgo de que un gobierno extranjero elimine a los mismos
- privadandolos de los derechos contractuales de la adquisición de acciones de esa
compañía. Otros bufetes de abogados han contribuido con
preocupaciones similares en las notas a los clientes.
Los cultivos, por
lo general, son casos muy diferentes de La ley de Inmunidad Soberana Extranjera
.
El 18 de abril, por ejemplo, la Corte Suprema bloqueó una familia
palestina en los Estados Unidos el uso de los tribunales estadounidenses para
obtener reparación de la Autoridad Palestina para la tortura y el asesinato.
Si un banco tiene derecho a una protección similar cuando es
nacionalizada es en absoluto evidente.
Tradicionalmente, ha habido
-
una excepción a la inmunidad para las actividades comerciales de los estados.
El
Juez Gardephe señaló que la actividad comercial de los anglo-irlandés tuvo lugar
antes de la nacionalización, por lo tanto no refleja un estado que actúa en su
capacidad comercial.
También cuestionó que la emisión de deuda fue
suficiente para constituir una actividad comercial y llegó a la conclusión de
que el registro del fondo en las Islas Caimán significó el principal impacto
sería fuera de Estados Unidos, otra razón para no oír el reclamo en una corte
estadounidense.
Este razonamiento tiene implicaciones
potencialmente grandes.
Si el sistema legal de Estados Unidos
- no
puede ser invocado por las transacciones realizadas en los Estados Unidos,
-
se convertirá en un lugar menos atractivo para hacer negocios.
- Los costos
de financiamiento puede aumentar, - lo cual podría llevar a las empresas no estadounidenses a tener negocios en otros lugares.
Por lo menos, los términos deberian ser ajustados.
El precio de los
bonos de YPF subió brevemente con el anuncio de la nacionalización de
la empresa petrolera en abril por el gobierno de Argentina, debido a
-
una
cláusula exigiendo el pago adelantado en el caso de una
expropiación,
antes de retroceder porque
los inversionistas
temían a la Argentina.
No es la única protección a tomar
cuando
- los
gobiernos son cada vez más dispuestos a intervenir, y
- los sistemas
jurídicos a dar un paso atrás.
The Economist - London - 1-May-2012
YPF, el árbol y el bosque
Existe consenso entre los argentinos sobre
- la necesidad de que los
recursos naturales en general, y especialmente
- aquellos considerados
estratégicos como los hidrocarburíferos,
- estén en manos
del Estado, quien
- en ejercicio de su soberanía fija las políticas
para su desarrollo tendientes a
- asegurar el abastecimiento interno,
cumpliendo estándares de calidad y seguridad,
- garantizando la
protección de los derechos e intereses de los consumidores,
-
procurando que los precios sean justos y contemplen el interés social,
- en un marco de sustentabilidad a largo plazo.
Debido
a ello, toda iniciativa que se oriente en tal dirección
debe ser
apoyada, prescindiendo de banderías políticas.
Sin embargo, también
es necesario advertir que
- en toda
organización existen reglas que es imprescindible respetar,
- máxime cuando Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país y
la
Constitución Nacional
- garantizan la inviolabilidad de la
propiedad.
El anuncio oficial acerca de
la estatización parcial de la empresa que en
sus orígenes y hasta su privatización en la década de los ´90 fue un símbolo
nacional, demuestra que
- el problema principal sigue siendo
-
la forma en que se adoptan e instrumentan las decisiones que,
- por su alto impacto político e institucional,
- condicionan la vida
futura de los argentinos
- afectando a varias
generaciones.
En el caso de
la
expropiación de parte del capital accionario de
Repsol
- la lógica del "deber ser" que
manda respetar el orden jurídico
- ha cedido una vez más a las convicciones
políticas que,
como una locomotora
descontrolada,
- avanza con la fuerza arrolladora del hecho
consumado.
Paso a paso
Repasemos lo
actuado.
- Primero se difundió la intención estatizadora del
gobierno argentino para luego,
- al cobijo de un decreto de necesidad y
urgencia dictado por el Poder Ejecutivo,
- intervenir y tomar la posesión de
la empresa,
- sin que exista una declaración de utilidad pública dispuesta
por ley del Congreso
- ni -mucho menos- el pago previo de la indemnización
(que bien podría quedar caucionada
a las resultas de la determinación del
valor del paquete accionario expropiado y
hasta resultar compensada con los
perjuicios derivados del "vaciamiento" que denuncian
las autoridades
nacionales).
Ese proceder provoca
- un claro
quebrantamiento de las reglas constitucionales y legales vigentes,
-
generando riesgos concretos en los tribunales internacionales que
conocerán del asunto.
La opción por
el atajo
fáctico relegando el respeto de las normas
internas
- arts. 14, 16, 17, 20, 31, 75 inc. 22, 99
inc. 3 de la CN; arts. 12,13, 15 y cc. Ley 21.499
- e internacionales,
Acuerdo con España para la Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones,
aprobado por la ley 24.118,
otorga nuevamente razón a Carlos
Nino al denunciar nuestra costumbre de
-
comportarnos como "un país al márgen de la ley",
en su
libro de Edit. Ariel, Bs. As., 2005, que debería ser de lectura obligatoria en
los colegios secundarios.
El problema es que
-
los vicios del trámite empañan la legitimidad sustancial de la medida ya que
- nadie puede negar el derecho soberano a expropiar para corregir desvíos
y acercarnos al autoabastecimiento petrolero,
- máxime cuando Repsol ha
incurrido en
- graves incumplimientos en materia de inversión y producción,
- reconoce altos niveles de endeudamiento y
- ha mostrado una
injustificable preferencia por el reparto de dividendos postergando
la
comprometida capitalización.
Detrás de un objetivo legítimo,
innecesariamente,
- las vías de hecho transitadas habilitan
- la
promoción de demandas multimillonarias que
- serán resueltas por tribunales
arbitrales internacionales a los que
- nos sometimos sin reparos en los
tiempos de las privatizaciones desenfrenadas.
Como se sabe, sus
integrantes poseen vínculos de nacionalidad e ideológicos con los países de los
inversores privados afectados.
- De manera que
el final es predecible.
- Llegarán las lapidarias condenas que
engrosarán la deuda externa o, en todo caso,
- impulsarán algún forzado
arreglo con el inversor-acreedor que le asegure
- otro mal negocio para
el país.
Lo lamentable es que
- la cuenta de la fiesta la pagará el pueblo argentino, mientras
- los
actores centrales y periféricos, visibles u ocultos, que dicen actuar en nombre
de la defensa del interés nacional,
- jamás serán llamados a responder
por sus equivocaciones.
Actores del desastre
Cabe recordar que
- quienes
provocaron el desastre energético que
- hoy se invoca como
justificación de la estatización son - los mismos personajes
que votaron y exaltaron
- la política despiadada de
enajenación de nuestros recursos naturales no renovables y
- el
vaciamiento del patrimonio del Estado.
Se trata de
un proceso que todos recordamos por su proximidad en el tiempo y que ha sido
inmejorablemente descripto en otra obra imprescindible de sugestivo título:
"El saqueo de la Argentina" de María Seoane.
Pero
- la sangría no ha cesado, tal como lo
demuestra el capítulo de
- la explotación minera a cielo abierto,
- tema increíblemente irresoluto por nuestra clase gobernante.
Quizá muy pronto
- vuelvan a tocarnos nuestro orgullo
nacionalista,
- pretendiendo purgar nuevamente sus culpas en
- esta
situación de complicidad espuria francamente incomprensible. Igual
reproche merece
- la deliberada omisión de revisión de
la legitimidad de la deuda externa,
- recordando que en sus orígenes
gran parte de la misma fue cargada en
- las espaldas de la otrora YPF
Sociedad del Estado.
Existe, por lo demás, una
percepción distorsionada de los alcances y efectos de la
medida.
- Aún expropiando la totalidad del capital
accionario de YPF S.A.,
- nunca vamos a recuperar la
petrolera estatal que conocimos.
Para lograr
- el ansiado autoabastecimiento debe producirse
- un
cambio sustancial en la política energética y,
- en particular, reestructurarse el mercado hidrocarburífero,
- abandonando el esquema desregulatorio.
- Debe hallarse
la forma para que sea el Estado,
- a través de la empresa de bandera nacional,
- quien tenga mayor injerencia en todas las etapas que van
- desde la
extracción del crudo hasta que
- el producto refinado llega al consumidor final.
En un país cuyas fuentes primarias de energía son
- en
un 90% petróleo y gas (41/49),
- distribuyéndose el restante 10% entre
energía nuclear, hidráulica y
- otros (3/4/3), y
- donde YPF tan sólo
participa en el mercado con el 34% de petróleo y 25% de gas,
- quedando en
manos de quienes poseen libre disponibilidad del recurso
- el 66% y 75%
respectivamente
- Chevron, Total, Pan American Energy, Petrobras, entre
otras,
- muy difícilmente se pueda revertir la tendencia
actual
- baja inversión en exploración y
sobreexplotación de reservas,
- por ende insuficiente producción y
-
carencia de autoabastecimiento- que obliga a
- importar grandes volúmenes a
precios internacionales y que, para
- evitar el impacto en la economía,
impone la necesidad de
- subsidiar el precio interno engrosando el
gasto y el déficit en las cuentas públicas.
Por lo
tanto,
- la nacionalización parcial de YPF,
- que bien pudo sustituirse apelando al desarrollo potenciado de
ENAR-
- no resuelve por si sola nuestros problemas
energéticos,
- ni tampoco evitará la pérdida de recursos no
renovables en manos extranjeras
- o de nacionales asociados a
ellas, en la medida en que
- no se implementen políticas globales en
la materia,
- diseñadas por especialistas ajenos a los intereses
sectoriales e
- implementadas por gobernantes
- honestamente comprometidos con
- la búsqueda del bien común .
Miguel Oroz - Carlos Botassi - Univ. Nac. de La
Plata - El Dia - La Plata - 3-May-2012
Escenificación populista
La propuesta de nacionalización de YPF revela un inequívoco ánimo
confiscatorio
Para nosotros, uruguayos, vecinos e hijos de
la misma matriz, son inolvidables —y no por agrado— esos momentos de la
República Argentina en que,
- en nombre de la soberanía, se asumen
- radicales actitudes reivindicatorias de explosivas consecuencias.
-
¿Quién puede olvidar aquel 2 de abril de 1982, en que
- el General Galtieri
convocó al pueblo a la plaza para
- anunciar que invadían las Islas
Malvinas y, como consecuencia,
- declaraban la guerra a Gran
Bretaña?
- ¿O aquel otro 24 de diciembre de 2001 en que, cantando el himno
en el Parlamento,
- se declaró el default del pago de la deuda
externa?
- La misma imagen,
- el mismo clima,
- los mismos
brazos levantados,
- observamos el pasado 16 de abril, cuando
- la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que
- el país reasumía, en
extraño neologismo, la “soberanía hidrocarbúrica”.
Si
- el fondo es discutible,
- la forma es
inaudita.
Por lo menos en un Estado de derecho en que
- las llamadas garantías formales son la base de las
libertades.
Por eso es que
- la Constitución argentina,
como todas las democráticas,
- establece en su artículo 17 que
- “la
propiedad es inviolable” y que
- la expropiación por “causa de
utilidad pública (…) debe ser
- calificada por ley y previamente
indemnizada”.
Argentina, naturalmente,
tiene todo el
derecho a desarrollar la política energética que crea conveniente.
Y aun cuando no sea lo mejor, modificarla, con razonabilidad y adecuado
análisis.
Lo que no puede —o no debe sin
consecuencias muy trascendentes— es
- violar la Constitución y,
en nombre de aquella facultad,
- atropellar derechos fundamentales.
Este es el caso, con
- la expropiación que se hace
de las acciones de Repsol en la empresa petrolera YPF.
- ¿Dónde está la
indemnización “previa” y
- dónde estaba la ley, aun no aprobada cuando
-
ya se había ocupado físicamente la empresa,
- sustituido sus autoridades y
hasta desalojados de ella, por la autoridad pública,
sus funcionarios
jerárquicos?
Esta situación
- sumerge
al Mercosur en una crisis existencial.
- Se
pone en duda toda inversión extranjera
- Es una escenificación
grotesca.
- Una pulsión nacionalista que
- se exhibe con arrogancia y
abuso de la fuerza,
- acompañada de una retórica que procura la exaltación
popular,
- apelando al sentimiento de un pueblo al que
- se le hace
sentir que está siendo extorsionado por la empresa
extranjera.
La propuesta, en su manifiesta intención, en su modo de
irrumpir,
- rebasa el concepto de
expropiación y
- revela un inequívoco ánimo
confiscatorio.
- No se habla de la
indemnización.
- Se destituye la dirección de la empresa abrupta y
policíacamente.
- Se expropian solo las acciones de Repsol en YPF y no las
de los otros socios.
Previamente,
- se realizan actos
inequívocamente dirigidos a desvalorizarla.
- Se invoca una rebaja de
producción que es real, pero
- que también han sufrido las demás empresas
del ramo, como
- consecuencia de una política que
- privilegió el
consumo,
- manejó tarifas arbitrariamente y
- castigó de ese modo la
inversión,
- condición necesaria del aumento de producción.
Por
otra parte, esta medida no es un clavel del aire.
Irrumpe en medio de
- una conducción económica que restringe importaciones
- por decisiones discrecionales de un jerarca.
- Que ni
siquiera firma decretos recurribles judicialmente.
- Simplemente
dispone y ordena.
Volvemos a lo mismo:
- Argentina
tiene derecho a seguir la política de comercio exterior que considere más
conveniente,
- pero no tiene derecho a violar, expresa y abiertamente,
tratados internacionales,
- como el del Mercosur que, en su artículo 1°,
establece
- la libertad de circulación de bienes y servicios entre los
cuatro socios:
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Nuestro país, una economía diez veces más pequeña que la Argentina,
- sufre hoy severamente esa restricción.
- Se han
cerrado imprentas que producían libros para editoriales argentinas,
- están
en seguro de paro miles de trabajadores de fábricas de confecciones textiles,
- la producción de autopartes para la industria automovilística sufre
- la interrupción de líneas de producción complementaria que vienen de hace
años.
- Y etcétera, etcétera.
Esta situación
-
sumerge al Mercosur en una crisis existencial.
- Se trata de solventarla con la buena voluntad de los vecinos.
No es suficiente, porque
- se pone en duda toda
inversión extranjera pensada para la región.
- Esa misma inversión
extranjera que todos nuestros países hemos procurado y
- declaramos
bienvenida por su aporte de capital y tecnología.
Más allá del
Mercosur, es notorio que
- Argentina hoy está
peleada con el mundo.
Su reclamo por las Islas
Malvinas a Gran Bretaña,
le ha enfrentado al viejo
imperio de un modo drástico,
- no tanto por el fondo
como
- por la forma agresiva de plantearlo.
Con los EE.UU. se
han visto también
escenas de bochorno, como
- la de un avión estadounidense allanado, con
- la presencia de
Ministros de Estado, para
- confiscar unas armas livianas que se traían para
un programa de entrenamiento policial.
En la reciente Cumbre de las
Américas países como
México, Colombia o Chile
- tomaron clara
distancia del episodio Repsol-YPF y
- no hubo declaración
alguna sobre la cuestión de Malvinas.
Desgraciadamente,
-
estos arrebatos nos hacen daño a
todos.
Por cierto que los inversores claramente
-
distinguen entre países y políticas.
No obstante,
- el clima general es parte sustantiva de la inversión y el
desarrollo.
- El empresariado argentino, todo él, está en estado de
zozobra.
Si esto le ocurre a una poderosa empresa española,
que posee fuerte apoyo político exterior,
-
¿qué podrá pasarle a
cualquiera de ellas, cuando los pactos y leyes poco o nada se cumplen?
- Argentina es un gran país.
- Por la calidad de su gente, sus
recursos naturales y su historia.
Ellos le han
permitido siempre
- sobrevivir a estas decisiones
populistas que
- han sido frecuentes en su historia moderna.
-
Sobrevivir sí, pero
- a un elevado costo de rezago, que
- le
impide ser hoy la potencia mundial que fue en su tiempo.
Julio Maria Sanguinetti - El Pais - Madrid - 4-May-2012
