Soberania vs Acreedores

- Aplacar al Leviatán
- Una estatización de un banco que quiebra en Irlanda, destripa la ley en Nueva York
Lo centros financieros mundiales son también centros legales.
Las empresas convergen hacia los  lugares donde el dinero está disponible, y con frecuencia toman fondos frescos prometiendo pagar a pesar que tienen disputas de pagos resuelta en el mismo lugar.
- Un cierto grado de seguridad jurídica da confianza a los acreedores,
- lo que a su vez se traduce en tasas más bajas para los prestatarios.
Eso, al menos, es la forma en que se supone que funciona.
En la práctica, cuando las empresas explotan, los acuerdos financieros tienden a explotar también.
- Hay posibilidad de cohetes, cuando
- los gobiernos se involucran rapidamente.
Prueba número uno es
- una batalla legal en Nueva York entre
- un fondo de cobertura registrado en Caimán y
- el Banco Anglo Irlandes. Para aquellos que han perdido la cuenta de las instituciones que fueron pulverizados por la crisis financiera, el anglo-irlandés era una estrella antigua de la escena de la banca de Irlanda, que se levantó rápidamente de las raíces desfavorables durante el crecimiento vertiginoso de Irlanda en la década de 1990,
- sólo para acumular una enorme perdida relacionados con la propiedad
- cuando estallo la burbuja.
En 2009 fue nacionalizado, y en 2011 se fusionó a otra institución estatal.
La mayoría de deuda de Anglo fue levantado en Europa, pero en 2005, surgieron
- 200 millones de dólares , valor de los pagarés que
- se emitieron en Estados Unidos a las compañías de seguros.
Estos préstamos fueron posteriormente adquiridos por
- un fondo de cobertura registrada en Caimán, los socios del Abeto.
Como parte de la cuerda de Anglo,
- el gobierno irlandés ha estado vendiendo
- miles de millones de dólares en activos estadounidenses.
Viendo en juego sus activos, Abeto, citando las disposiciones del acuerdo sobre la deuda original,
- coloco la solución de controversias en Nueva York,
- presentó una demanda en la city de Manhattan
- solicitando que 200 millones de dólares de los activos de Anglo
- deberan  mantenerse para cubrir su demanda.
- La petición fue rechazada en noviembre , y
- Abeto está apelando.
El caso está siendo seguido detenidamente,
- no tanto por el rechazo de la petición
- sino por la razón del mismo.
Con la nacionalización, concluyó el juez Paul Gardephe,
- El Anglo-Irlandés se había convertido en
- exentos de la jurisdicción estadounidense debido a
- una curiosa doctrina legal llamada
- la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera.
El banco había, en definitiva, pasado a
- formar parte del gobierno de Irlanda y por lo tanto
- fuera del alcance de las leyes de Estados Unidos.
"Si afirmó que" los demandantes escribieron en su presentación a la corte de apelaciones, "la decisión del tribunal de distrito expondrá a los acreedores en el extranjero tenedores de los contratos regidos por la ley de EE.UU., y exigibles en los tribunales de EE.UU.,
- al riesgo de que un gobierno extranjero elimine a los mismos
- privadandolos de los derechos contractuales de la adquisición de acciones de esa compañía. Otros bufetes de abogados han contribuido con preocupaciones similares en las notas a los clientes.
Los cultivos, por lo general, son casos muy diferentes de La ley de Inmunidad Soberana Extranjera .
El 18 de abril, por ejemplo, la Corte Suprema bloqueó una familia palestina en los Estados Unidos el uso de los tribunales estadounidenses para obtener reparación de la Autoridad Palestina para la tortura y el asesinato.
Si un banco tiene derecho a una protección similar cuando es nacionalizada es en absoluto evidente.
Tradicionalmente, ha habido
- una excepción a la inmunidad para las actividades comerciales de los estados.
El Juez Gardephe señaló que la actividad comercial de los anglo-irlandés tuvo lugar antes de la nacionalización, por lo tanto no refleja un estado que actúa en su capacidad comercial.
También cuestionó que la emisión de deuda fue suficiente para constituir una actividad comercial y llegó a la conclusión de que el registro del fondo en las Islas Caimán significó el principal impacto sería fuera de Estados Unidos, otra razón para no oír el reclamo en una corte estadounidense.
Este razonamiento tiene implicaciones potencialmente grandes.
Si el sistema legal de Estados Unidos
- no puede ser invocado por las transacciones realizadas en los Estados Unidos,
- se convertirá en un lugar menos atractivo para hacer negocios.
- Los costos de financiamiento puede aumentar, - lo cual podría llevar a  las empresas no estadounidenses a tener negocios en otros lugares.
Por lo menos, los términos deberian ser ajustados.
El precio de los bonos de YPF subió brevemente con el anuncio de la nacionalización de la empresa petrolera en abril por el gobierno de Argentina, debido a
- una cláusula exigiendo el pago adelantado en el caso de una expropiación,
antes de retroceder porque los inversionistas temían a la Argentina.
No es la única protección a tomar  cuando
- los gobiernos son cada vez más dispuestos a intervenir, y
- los sistemas jurídicos a dar un paso atrás.
The Economist - London - 1-May-2012


YPF, el árbol y el bosque
Existe consenso entre los argentinos sobre
- la necesidad de que los recursos naturales en general, y especialmente
- aquellos considerados estratégicos como los hidrocarburíferos,
- estén en manos del Estado, quien
- en ejercicio de su soberanía fija las políticas para su desarrollo tendientes a
- asegurar el abastecimiento interno, cumpliendo estándares de calidad y seguridad,
- garantizando la protección de los derechos e intereses de los consumidores,
- procurando que los precios sean justos y contemplen el interés social,
- en un marco de sustentabilidad a largo plazo.
Debido a ello, toda iniciativa que se oriente en tal dirección debe ser apoyada, prescindiendo de banderías políticas.
Sin embargo, también es necesario advertir que
- en toda organización existen reglas que es imprescindible respetar,
- máxime cuando Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país y
  la Constitución Nacional
- garantizan la inviolabilidad de la propiedad.
El anuncio oficial acerca de la estatización parcial de la empresa que en sus orígenes y hasta su privatización en la década de los ´90 fue un símbolo nacional, demuestra que
- el problema principal sigue siendo
- la forma en que se adoptan e instrumentan las decisiones que,
- por su alto impacto político e institucional,
- condicionan la vida futura de los argentinos
- afectando a varias generaciones.
En el caso de la expropiación de parte del capital accionario de Repsol
- la lógica del "deber ser" que manda respetar el orden jurídico
- ha cedido una vez más a las convicciones políticas que,
  como una locomotora descontrolada,
- avanza con la fuerza arrolladora del hecho consumado.
Paso a paso
Repasemos lo actuado.
- Primero se difundió la intención estatizadora del gobierno argentino para luego,
- al cobijo de un decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo,
- intervenir y tomar la posesión de la empresa,
- sin que exista una declaración de utilidad pública dispuesta por ley del Congreso
- ni -mucho menos- el pago previo de la indemnización (que bien podría quedar caucionada
  a las resultas de la determinación del valor del paquete accionario expropiado y
  hasta resultar compensada con los perjuicios derivados del "vaciamiento" que denuncian
  las autoridades nacionales).
Ese proceder provoca
- un claro quebrantamiento de las reglas constitucionales y legales vigentes,
- generando riesgos concretos en los tribunales internacionales que conocerán del asunto.
La opción por el atajo fáctico relegando el respeto de las normas internas
- arts. 14, 16, 17, 20, 31, 75 inc. 22, 99 inc. 3 de la CN; arts. 12,13, 15 y cc. Ley 21.499
- e internacionales, Acuerdo con España para la Promoción y Protección Recíproca
  de Inversiones, aprobado por la ley 24.118,
otorga nuevamente razón a Carlos Nino al denunciar nuestra costumbre de
- comportarnos como "un país al márgen de la ley",
en su libro de Edit. Ariel, Bs. As., 2005, que debería ser de lectura obligatoria en los colegios secundarios.
El problema es que
- los vicios del trámite empañan la legitimidad sustancial de la medida ya que
- nadie puede negar el derecho soberano a expropiar para corregir desvíos
  y acercarnos al autoabastecimiento petrolero,
- máxime cuando Repsol ha incurrido en
- graves incumplimientos en materia de inversión y producción,
- reconoce altos niveles de endeudamiento y
- ha mostrado una injustificable preferencia por el reparto de dividendos postergando
  la comprometida capitalización.
Detrás de un objetivo legítimo, innecesariamente,
- las vías de hecho transitadas habilitan
- la promoción de demandas multimillonarias que
- serán resueltas por tribunales arbitrales internacionales a los que
- nos sometimos sin reparos en los tiempos de las privatizaciones desenfrenadas.
Como se sabe, sus integrantes poseen vínculos de nacionalidad e ideológicos con los países de los inversores privados afectados.
- De manera que el final es predecible.
- Llegarán las lapidarias condenas que engrosarán la deuda externa o, en todo caso,
- impulsarán algún forzado arreglo con el inversor-acreedor que le asegure
- otro mal negocio para el país.
Lo lamentable es que
- la cuenta de la fiesta la pagará el pueblo argentino, mientras
- los actores centrales y periféricos, visibles u ocultos, que dicen actuar en nombre
  de la defensa del interés nacional,
- jamás serán llamados a responder por sus equivocaciones.

Actores del desastre
Cabe recordar que
- quienes provocaron el desastre energético que
- hoy se invoca como justificación de la estatización son - los mismos personajes que votaron y exaltaron
- la política despiadada de enajenación de nuestros recursos naturales no renovables y
- el vaciamiento del patrimonio del Estado.
Se trata de un proceso que todos recordamos por su proximidad en el tiempo y que ha sido inmejorablemente descripto en otra obra imprescindible de sugestivo título: "El saqueo de la Argentina" de María Seoane.
Pero
- la sangría no ha cesado, tal como lo demuestra el capítulo de
- la explotación minera a cielo abierto,
- tema increíblemente irresoluto por nuestra clase gobernante.
Quizá muy pronto
- vuelvan a tocarnos nuestro orgullo nacionalista,
- pretendiendo purgar nuevamente sus culpas en
- esta situación de complicidad espuria francamente incomprensible. Igual reproche merece
- la deliberada omisión de revisión de la legitimidad de la deuda externa,
- recordando que en sus orígenes gran parte de la misma fue cargada en
- las espaldas de la otrora YPF Sociedad del Estado.
Existe, por lo demás, una percepción distorsionada de los alcances y efectos de la medida.
- Aún expropiando la totalidad del capital accionario de YPF S.A.,
- nunca vamos a recuperar la petrolera estatal que conocimos.
Para lograr
- el ansiado autoabastecimiento debe producirse
- un cambio sustancial en la política energética y,
- en particular, reestructurarse el mercado hidrocarburífero,
- abandonando el esquema desregulatorio.
- Debe hallarse la forma para que sea el Estado,
- a través de la empresa de bandera nacional,
- quien tenga mayor injerencia en todas las etapas que van
- desde la extracción del crudo hasta que
- el producto refinado llega al consumidor final.
En un país cuyas fuentes primarias de energía son
- en un 90% petróleo y gas (41/49),
- distribuyéndose el restante 10% entre energía nuclear, hidráulica y
- otros (3/4/3), y
- donde YPF tan sólo participa en el mercado con el 34% de petróleo y 25% de gas,
- quedando en manos de quienes poseen libre disponibilidad del recurso
- el 66% y 75% respectivamente
- Chevron, Total, Pan American Energy, Petrobras, entre otras,
- muy difícilmente se pueda revertir la tendencia actual
- baja inversión en exploración y sobreexplotación de reservas,
- por ende insuficiente producción y
- carencia de autoabastecimiento- que obliga a
- importar grandes volúmenes a precios internacionales y que, para
- evitar el impacto en la economía, impone la necesidad de
- subsidiar el precio interno engrosando el gasto y el déficit en las cuentas públicas.
Por lo tanto,
- la nacionalización parcial de YPF,
- que bien pudo sustituirse apelando al desarrollo potenciado de ENAR-
- no resuelve por si sola nuestros problemas energéticos,
- ni tampoco evitará la pérdida de recursos no renovables en manos extranjeras
- o de nacionales asociados a ellas, en la medida en que
- no se implementen políticas globales en la materia,
- diseñadas por especialistas ajenos a los intereses sectoriales e
- implementadas por gobernantes
- honestamente comprometidos con
- la búsqueda del bien común .
 Miguel Oroz - Carlos Botassi - Univ. Nac. de La Plata - El Dia - La Plata - 3-May-2012

Escenificación populista
La propuesta de nacionalización de YPF revela un inequívoco ánimo confiscatorio

Para nosotros, uruguayos, vecinos e hijos de la misma matriz, son inolvidables —y no por agrado— esos momentos de la República Argentina en que,
- en nombre de la soberanía, se asumen
- radicales actitudes reivindicatorias de explosivas consecuencias.
- ¿Quién puede olvidar aquel 2 de abril de 1982, en que
- el General Galtieri convocó al pueblo a la plaza para
- anunciar que invadían las Islas Malvinas y, como consecuencia,
- declaraban la guerra a Gran Bretaña?
- ¿O aquel otro 24 de diciembre de 2001 en que, cantando el himno en el Parlamento,
- se declaró el default del pago de la deuda externa?
- La misma imagen,
- el mismo clima,
- los mismos brazos levantados,
- observamos el pasado 16 de abril, cuando
- la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que
- el país reasumía, en extraño neologismo, la “soberanía hidrocarbúrica”.
Si
- el fondo es discutible,
- la forma es inaudita.
Por lo menos en un Estado de derecho en que
- las llamadas garantías formales son la base de las libertades.
Por eso es que
- la Constitución argentina, como todas las democráticas,
- establece en su artículo 17 que
- “la propiedad es inviolable” y que
- la expropiación por “causa de utilidad pública (…) debe ser
- calificada por ley y previamente indemnizada”.
Argentina, naturalmente, tiene todo el derecho a desarrollar la política energética que crea conveniente.
Y aun cuando no sea lo mejor, modificarla, con razonabilidad y adecuado análisis.
Lo que no puede —o no debe sin consecuencias muy trascendentes— es
- violar la Constitución y, en nombre de aquella facultad,
- atropellar derechos fundamentales. Este es el caso, con
- la expropiación que se hace de las acciones de Repsol en la empresa petrolera YPF.
- ¿Dónde está la indemnización “previa” y
- dónde estaba la ley, aun no aprobada cuando
- ya se había ocupado físicamente la empresa,
- sustituido sus autoridades y hasta desalojados de ella, por la autoridad pública,
sus funcionarios jerárquicos?
Esta situación
- sumerge al Mercosur en una crisis existencial.
- Se pone en duda toda inversión extranjera
- Es una escenificación grotesca.
- Una pulsión nacionalista que
- se exhibe con arrogancia y abuso de la fuerza,
- acompañada de una retórica que procura la exaltación popular,
- apelando al sentimiento de un pueblo al que
- se le hace sentir que está siendo extorsionado por la empresa extranjera.
La propuesta, en su manifiesta intención, en su modo de irrumpir,
- rebasa el concepto de expropiación y
- revela un inequívoco ánimo confiscatorio.
- No se habla de la indemnización.
- Se destituye la dirección de la empresa abrupta y policíacamente.
- Se expropian solo las acciones de Repsol en YPF y no las de los otros socios.
Previamente,
- se realizan actos inequívocamente dirigidos a desvalorizarla.
- Se invoca una rebaja de producción que es real, pero
- que también han sufrido las demás empresas del ramo, como
- consecuencia de una política que
- privilegió el consumo,
- manejó tarifas arbitrariamente y
- castigó de ese modo la inversión,
- condición necesaria del aumento de producción.
Por otra parte, esta medida no es un clavel del aire.
Irrumpe en medio de
- una conducción económica que restringe importaciones
- por decisiones discrecionales de un jerarca.
- Que ni siquiera firma decretos recurribles judicialmente.
- Simplemente dispone y ordena.
Volvemos a lo mismo:
- Argentina tiene derecho a seguir la política de comercio exterior que considere más conveniente,
- pero no tiene derecho a violar, expresa y abiertamente, tratados internacionales,
- como el del Mercosur que, en su artículo 1°, establece
- la libertad de circulación de bienes y servicios entre los cuatro socios:
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Nuestro país, una economía diez veces más pequeña que la Argentina,
- sufre hoy severamente esa restricción.
- Se han cerrado imprentas que producían libros para editoriales argentinas,
- están en seguro de paro miles de trabajadores de fábricas de confecciones textiles,
- la producción de autopartes para la industria automovilística sufre
- la interrupción de líneas de producción complementaria que vienen de hace años.
- Y etcétera, etcétera.
Esta situación
- sumerge al Mercosur en una crisis existencial.
- Se trata de solventarla con la buena voluntad de los vecinos.
No es suficiente, porque
- se pone en duda toda inversión extranjera pensada para la región.
- Esa misma inversión extranjera que todos nuestros países hemos procurado y
- declaramos bienvenida por su aporte de capital y tecnología.
Más allá del Mercosur, es notorio que
- Argentina hoy está peleada con el mundo.
Su reclamo por las Islas Malvinas a Gran Bretaña, le ha enfrentado al viejo imperio de un modo drástico,
- no tanto por el fondo como
- por la forma agresiva de plantearlo.
Con los EE.UU. se han visto también escenas de bochorno, como
- la de un avión estadounidense allanado, con
- la presencia de Ministros de Estado, para
- confiscar unas armas livianas que se traían para un programa de entrenamiento policial.
En la reciente Cumbre de las Américas países como México, Colombia o Chile
- tomaron clara distancia del episodio Repsol-YPF y
- no hubo declaración alguna sobre la cuestión de Malvinas.
Desgraciadamente,
- estos arrebatos nos hacen daño a todos.
Por cierto que los inversores claramente
- distinguen entre países y políticas.
No obstante,
- el clima general es parte sustantiva de la inversión y el desarrollo.
- El empresariado argentino, todo él, está en estado de zozobra.
Si esto le ocurre a una poderosa empresa española, que posee fuerte apoyo político exterior,
- ¿qué podrá pasarle a cualquiera de ellas, cuando los pactos y leyes poco o nada se cumplen?
- Argentina es un gran país.
- Por la calidad de su gente, sus recursos naturales y su historia.
Ellos le han permitido siempre
- sobrevivir a estas decisiones populistas que
- han sido frecuentes en su historia moderna.
- Sobrevivir sí, pero
- a un elevado costo de rezago, que
- le impide ser hoy la potencia mundial que fue en su tiempo.
Julio Maria Sanguinetti - El Pais - Madrid - 4-May-2012