¿Qué significa realmente este concepto? Hasta ahora, en nuestra práctica política, no mucho.
Para la ciudadanía no están claras las consecuencias de que a alguna figura pública se le impute tenerla.
Para los funcionarios que son elegidos mediante votaciones populares -Presidente, parlamentarios, alcaldes-, la responsabilidad política en sus actuaciones se refleja, eventualmente, en su mayor o menor probabilidad de resultar reelegidos, pero eso sólo ocurre en caso de que se postulen o repostulen como candidatos. Esto no siempre sucede y, además, puede estar demasiado alejado en el tiempo de los hechos por los cuales son evaluados políticamente.
Por tanto, la ciudadanía suele no percibir que dicha responsabilidad tiene que ser asumida en términos proporcionales al daño causado por una determinada actuación a bienes materiales, jurídicos o espirituales.
Para los funcionarios no elegidos por votación popular, la responsabilidad política es un concepto aún más difuso, pues ellos pueden, sin más, ignorar hechos por los que pudiere caberles, y continuar en sus cargos si sus superiores así lo estiman, lo que fácilmente ocurre por solidaridad partidista.
Así, el concepto de responsabilidad política se utiliza a menudo, pero suele carecer de contenido efectivo. Muy variados ejemplos lo ilustran. Un caso paradigmático es el Transantiago, pues se ha hablado de responsabilidad política en distintas instancias de la cadena de mando, sin que ello se haya traducido en consecuencias de ningún tipo.
El ex ministro Espejo asumió la responsabilidad política del fracaso del plan, pero siguió en su cargo tres meses hasta que la Presidenta decidió cambiarlo; es de reconocer, con todo, que él planteó la idea -tal vez correcta- de que renunciar podía ser interpretado más como irresponsabilidad ante el desastre que como voluntad de abordar las dificultades de repararlo.
Otro ex ministro de OO.PP., Jaime Estévez, asumió ante la comisión investigadora de la Cámara "la responsabilidad política que me corresponde", sin que se conozca la sustancia que contiene tal declaración. En el presente caso de la muerte de 10 menores en un establecimiento del Sename en Puerto Montt, el senador Escalona ha presentado una querella contra quienes resulten responsables, pero es discutible cuán conducente pueda ser esa vía en la práctica, y habrá de investigarse si hubo alguna forma de responsabilidad penal -que es distinta de la política-. En todo caso, los tiempos judiciales difícilmente resultan adecuados para ayudar a determinar responsabilidades políticas.
En países como Japón, los funcionarios que sienten que su actuación ha perjudicado a sus conciudadanos o que ella ha afectado a su honor, renuncian a su cargo: el error cometido se paga con el daño a la imagen del responsable y la pérdida de su poder. Allí, la responsabilidad política tiene una expresión clara. Algo similar ocurre en las democracias avanzadas, especialmente en los regímenes parlamentarios.
La responsabilidad política alude a lo que los anglosajones llaman "accountability", esto es, "hacerse responsable de sus actos ante terceros" por las acciones que cada uno realiza. El solo hecho de que no exista una traducción directa al español y se requiera una frase explicativa para describirla ilustra la menor importancia que tiene ese concepto en nuestra cultura.
El Estado chileno, deficitario en su capacidad de gestión a todo nivel, necesita con urgencia un sistema por el cual la responsabilidad política se haga efectiva de algún modo que suponga un costo real para quien la tenga.
Editorial - "El Mercurio" - Santiago de Chile - 26-Oct-2007
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