Argentina y el mundo

El "affaire" YPF no es jurídico, por lo menos no en su esencia.
Cualquier Estado tiene el derecho a reclamar bienes que considera necesarios para su desarrollo o a demandarlos por razones estratégicas fundadas, siempre que indemnice adecuadamente al expropiado.
De modo que este diferendo se plantea - en el plano de la oportunidad y
- de la forma,
- no en el del derecho de fondo, y
- es en ambos donde el procedimiento aplicado suscita dudas.
En lo que refiere a la forma, Adrián Ventura periodista de La Nación especializado en temas jurídicos, alega que - el proyecto de ley incurre en flagrantes violaciones de la Constitución Argentina:
- 1) para decretar la intervención, no alcanza con un Decreto de Necesidad y Urgencia, se precisa una decisión judicial;
- 2) por su parte, para expropiar, la Carta requiere que el Estado pague el precio antes de tomar posesión, cosa que no hizo en este caso, donde confesadamente apuesta a un largo juicio para indemnizar solo al cabo del mismo. Argumenta Ventura, - "ahora que el gobierno ya tiene el control de la empresa sin haber pagado un peso,
- ¿qué interés puede tener en negociar con Repsol un precio?".
- Precio que además, no se está en condiciones de abonar.
Es cierto, que del lado del gobierno se alega que - Repsol tiene una deuda empresarial por perjuicios a la Nación argentina -
- daños a la infraestructura y al medio ambiente-, que según dice,
- supera al precio de la expropiación.
Con lo cual, unido a - la alegada falta de inversión,
- no solamente se justificaría la medida, sino que
- explicaría como el mismo gobierno que la enajenó ahora reivindique YPF.
En una operación que más parece
- una rescisión o resolución de un contrato que una real expropiación.
Pero el argumento, como alegó la oposición,
- resulta inválido en tanto no fue invocado por el representante del Estado en el directorio.
Tanto que hasta el año pasado el oficialismo encomió la gestión de la empresa y facilitó la entrada de un grupo amigo en su accionariado.
Por su lado, a todos nos consta, porque es notoria, - la liviandad con que el gobierno argentino asume sus obligaciones jurídicas,
- declamando su unción por los derechos pero
- atacando diariamente desde la libertad de expresión hasta los tratados internacionales.
En cuanto a la oportunidad de la medida, - las críticas son ampliamente mayoritarias, salvo, como generalmente ocurre,
- por la mayoría de la opinión del país vecino y por la izquierda radical,
- ambas obnubiladas por el nacionalismo y el sempiterno cliché que
- estatizar supone la felicidad de los pueblos.
Desgraciadamente para ellos, en lo que respecta a
- el peronismo, los argentinos ni aprenden ni olvidan. Por su culpa
- un formidable país,
- con una población desenvuelta e inteligente como pocas,
- sufre una suerte de ostracismo universal.
Años atrás - estuvieron a milímetros de desatar una tragedia:
- una contienda armada con un país hermano, al desconocer un arbitraje internacional oportunamente pactado. Poco después
- sus militares iniciaron una guerra absurda que todos aclamaron. Bajo los mismos aplausos - decidieron no pagar sus deudas al mundo, como si
- con ello reafirmaran su dignidad nacional. Ahora en medio de arengas belicistas por Malvinas - el gobierno decreta una dudosa expropiación, que,
- si era tan necesaria como afirma,
- bien pudo negociar.
- ¿No será hora que aprendan de lo bueno y se olviden de lo malo?
Hebert Gatto - El Pais - Montevideo - 23-Abr-2012