Justicia espanola: La nueva Inquisicion?...

Se lo preguntaba el abogado y profesor estadounidense David Bosco este domingo en The Washington Post, comenzando su columna con una contundente frase:
- "No hay activismo judicial tan potente como el español".
Desde finales de los 90 -recordaba Bosco- los jueces españoles han abierto causas criminales relacionadas con abusos de los derechos humanos cometidos en más de una docena de países, incluyendo Argentina, Chile o Ruanda.
"El superjuez Baltasar Garzón ha protagonizado titulares en todo el mundo liderando muchos de estos casos, sobre todo al pedir a Londres la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en una larga disputa multi-jurisdiccional que acabó con Pinochet de vuelta en su país, investigado por las autoridades nacionales".
El columnista continúa explicando a los lectores estadounidenses cómo los jueces españoles han perseguido objetivos cada vez más ambiciosos, llegando hasta EE.UU., China o Israel.
"En enero,
- un juez abrió una causa contra Israel por crímenes en Gaza,
- otro intentó entrevistar a cargos chinos sobre el Tibet, y
- el mes pasado el propio Garzón anunció una investigación sobre las políticas de detención de EE.UU. en Guantánamo".
La polémica de Garzón contra Guantánamo encolerizó tanto al presentador de la Fox, el ultra conservador Bill O'Reilly, que amenazó con boicotear los productos españoles.
También el ex embajador estadounidense ante Naciones Unidas, John Bolton, habló de "la Nueva Inquisición española" y lo acusó de intentar "intimidar a los funcionarios americanos".

España, una "meca" para reparar injusticias mundiales
Bosco nombra los factores que, según él, hacen de España una "meca" para quienes buscan reparar injusticias mundiales.
- "El país tiene un sistema legal que otorga a los jueces poderes para investigar y una "jurisdicción universal" que permite a los tribunales españoles juzgar casos relacionados con abusos cometidos en el extranjero".
- Tiene un tribunal, la Audiencia Nacional, que persigue casos sensibles.
- Y la ley española también permite a los ciudadanos y grupos activistas presentar casos criminales incluso cuando no están afectados directamente, bajo la llamada "acción pública".
"Todas estas herramientas, unidas a fuertes personalidades como la de Garzón -un juez que se metió en política y tiene un agudo sentido de las relaciones públicas-, dan como resultado la receta para la cruzada judicial", subraya el abogado, que continúa preguntándose si todo esto no responderá a algo más profundo.
- "¿Está el país resarciéndose del trauma de la dictadura de Franco neocolonialismo al perseguir todas estas causas?".
En este sentido, insiste Bosco, algunos chilenos y argentinos ven un punto de en este intento de juzgar todos los pecados de América Latina.
Y a la pregunta
- "¿Está España intentando levantar un "Imperio Judicial" a falta del territorial?",
el columnista contesta con una queja del ex presidente José María Aznar:
- "Queremos ser policías universales".
En definitiva, estas aventuras judiciales "irritan cada vez más a los diplomáticos y políticos españoles", que se ven obligados a convencer a sus aliados de las buenas intenciones de los jueces.
A veces, sin embargo, se encuentran con respuestas como la de Israel, que acusa a la judicatura española de llevar una agenda política, o China, que pide cerrar la investigación "de inmediato".
"El país seguirá así los pasos de Bélgica, que cambió su ley de jurisdicción universal en 2003 tras abrir una contra el general americano Tommy Franks por el uso de bombas de racimo en Irak".
La amenaza einvestigación stadounidense de llevarse el cuartel general de la OTAN fuera de Bruselas "convenció" a los belgas para cambiar la ley.
En la otra cara de la moneda están los "grupos de derechos humanos" como Reed Brody y Human Rights Watch, que defienden "la jurisdicción universal" como una valiosa herramienta contra criminales que difícilmente se pueden perseguir de otra forma (ni siquiera a través de las cortes internacionales que juzgan crímenes contra la humanidad como la Corte Penal Internacional establecido en 2002, que ha investigado a Uganda, Congo o Sudán, pero todavía a nadie de un país occidental).
"A través de sus investigaciones, los jueces españoles insisten en que incluso cargos de democracias como la de Estados Unidos o Israel, y gigantes como China, no tendrán carta libre.
Puede que España ponga pronto limitación a sus jueces ambulantes, pero la pregunta sobre si se debería aplicar la justicia internacional a los poderosos está aquí para quedarse".
NOELIA SASTRE - "ABC" - Madrid - 28-May-2009