Chile: ¿Cambios a la Ley Reservada del Cobre?

Una ley reservada establece que el 10 por ciento de las ventas de cobre realizadas por Codelco debe destinarse a la adquisición de sistemas de armas para la defensa nacional.

Es, ciertamente, una manera no tradicional de financiar dicho equipamiento, y no parece razonable mantenerla en el futuro, pues esta delicada materia debería discutirse en conjunto con el presupuesto nacional. Con todo, sus orígenes se remontan a fines de la década de 1930, como respuesta a un presupuesto de defensa desfinanciado y amenazas regionales evidentes. Ella se afianzó en los años 50 y se consolidó durante el gobierno militar.
Bajo la Concertación no ha habido un interés particularmente fuerte por cambiar tal situación, lo que indica que esta fórmula tiene una importante aceptación, por lo que debe estudiarse con especial cuidado. Por tanto, cabe seguir con atención el anuncio hecho por Hacienda de que en agosto próximo se enviaría un proyecto para modificar esta normativa.
El cuidado es necesario, puesto que Chile está ubicado en una región poco estable y tiene problemas no resueltos con países vecinos, por lo que sería irresponsable descuidar el potencial disuasivo.
Nuestras dirigencias políticas reconocen esta situación, y es probable que por eso no hayan innovado en esta materia, pese a que es políticamente muy fácil cuestionar los gastos en defensa en el corto plazo si se carece de una visión estratégica de cómo debe el país desenvolverse en su entorno regional.
Además, siempre es muy tentador denunciar los gastos en defensa, dado que el valor de las compras militares es muy imperfectamente comprendido por la población, sobre todo en comparación con diversos programas públicos que pueden ser de alto impacto comunicacional.
No obstante, hay maneras más adecuadas de asegurar un financiamiento permanente a las Fuerzas Armadas. Muchos países lo hacen mediante presupuestos plurianuales, que permiten a aquéllas proyectar sus compras con una orientación de largo plazo. Tales presupuestos tienen la ventaja de provenir de recursos generales de la nación y no gravan especialmente a una empresa del Estado, con todas las ineficiencias que eso acarrea.
La modernización del aparato público supone, entre muchos otros aspectos, corregir también la modalidad de financiamiento de la defensa nacional. Además, si se quiere modernizar la gestión de Codelco, e incluso abrirla a la bolsa -como lo han sugerido los candidatos Piñera y Enríquez-Ominami-, este gravamen es imposible de sostener.
Obviamente, avanzar en una reforma semejante sólo será posible si los partidos y los colegisladores actúan con criterio nacional estratégico, y no electoralista.
Si no es así, se corre el riesgo de descuidar la indispensable capacidad disuasiva que debe mantener el país. Precisamente eso es lo que ha querido evitar esta ley reservada.
Sin embargo, Chile debería tener la madurez y capacidad de enfrentar directamente esta materia, sin recurrir a vías indirectas, como esta ley.
La existencia de ella ha surtido efectos provechosos en el pasado, pero también ha inhibido, en la práctica, un debate más profundo sobre la necesidad de una inversión razonable en sistemas de armas para la defensa nacional.
Dado el nivel actual de exigencia ciudadana en cuanto a transparencia, la falta de ese debate puede hoy tener efectos negativos, al facilitar el surgimiento de populismos fáciles, que denuncian la existencia de estos gastos y proclaman sus usos alternativos en otros programas sociales.
Evidentemente, tales críticas excluyen toda reflexión sobre los costos que podría enfrentar el país sin esa inversión.
Asegurar estos recursos por la vía presupuestaria permitiría un debate más balanceado sobre esta materia y posibilitaría que la población cobre conciencia oportuna de los riesgos de no invertir bien en ella.
Editorial - "El Mercurio" - Sgo. de Chile - 22-Jul-2009