Jueces comprometidos

"... si los jueces no acatan la ley, se distorsiona todo el sistema institucional y caemos de modo irremediable en la dictadura judicial. En Chile comenzamos a vivir los primeros síntomas de este fenómeno ..."

 

La evidencia parece irrefutable. Una fracción minoritaria de nuestros jueces, en especial los que integran la justicia penal,

- están comprometidos con una concepción ideológica que 

- los enfrenta, en forma constante,

- con las leyes que deben aplicar.

Para que un fallo judicial

- tenga poder vinculante (valor), debe fundarse en lo preceptuado en la ley.

Del contenido de esta última se extraerán los elementos normativos que, incorporados a la sentencia, permiten dotarla de validez y hacerla cumplir coercitivamente.

Por consiguiente, los conflictos intersubjetivos se resuelven de acuerdo a los principios consagrados en la ley (norma), que es una manifestación de voluntad de los otros poderes del Estado —colegisladores— democráticamente elegidos de acuerdo a la institucionalidad vigente.

El sistema judicial, desde esta perspectiva,

- solo funciona adecuadamente en la medida en que

- los jueces sean leales al mandato legal y 

- sus resoluciones no busquen la forma de eludirlo para

- fallar según sus personales preferencias.Para demostrar las virtudes de este sistema, debe tenerse en consideración que

- la ley que invoca el sentenciador ha debido existir y hallarse en vigencia

- antes de generarse el conflicto que se trata de dirimir y que, por lo tanto,

- no respetar las “reglas del juego” acarrea 

- la peor injusticia que puede cometerse.

- Asumir lo ordenado en la ley, en consecuencia, es una manera de

- honrar la voluntad de la mayoría ciudadana democráticamente manifestada.Es curioso observar cómo protesta el público cuando en un espectáculo deportivo el árbitro (juez) no respeta el reglamento (ley) y cobra las faltas según sus simpatías e inclinaciones.

Sin embargo, no se formula la misma protesta cuando un juez se aparta de lo que ordena la ley.

Es probable que ello ocurra porque estos últimos

- justifican hábilmente sus determinaciones con 

- argumentos aparentes y casi siempre especiosos.

Pero lo cierto es que, en uno y otro caso, la situación es la misma.
- Si los jueces no acatan la ley, 

- se distorsiona todo el sistema institucional y

- caemos de modo irremediable en la dictadura judicial.

En Chile comenzamos a vivir los primeros síntomas de este fenómeno.

Las políticas públicas, en cuestiones tan sensibles como la generación eléctrica, los sistemas de salud y la lucha contra la delincuencia,

- chocan frontalmente contra la voluntad de algunos magistrados que, 

- al parecer, tienen una visión distinta de la manera en que 

- deben enfrentarse estos problemas.

Como resulta inevitable, las relaciones entre los Poderes del Estado, en este contexto, se deterioran en forma progresiva, provocando un distanciamiento que impide una acción eficiente y mancomunada.

Lo ocurrido con el proyecto de Observatorio Judicial es elocuente a este respecto.
Lo que señalamos queda de manifiesto en lo relativo a los planes sobre seguridad pública, política que debería comprometer a toda la población, y que ha redundado en un creciente desprestigio del Poder Judicial.

- No existe un estímulo más potente para el delincuente que la impunidad.

En la medida en que se aprecie que

- la mayor parte de los delitos quedan sin sanción, la criminalidad seguirá creciendo.Se ha sostenido, con insistencia, que no corresponde a la judicatura prevenir el delito y que ello es tarea de otras reparticiones del Estado.

Pero la realidad demuestra que

- la incapacidad de las instituciones para combatir el delito, 

- deriva, en gran parte, de la sensación de impunidad que 

- domina en el submundo criminal.

El “garantismo”, concepción que privilegia el tratamiento que se brinda al hechor en desmedro del ofendido, y al que adhiere un sector de nuestros jueces penales,

- no puede fundarse en el respeto a los derechos humanos, porque

- el infractor atenta precisamente contra ellos y 

- casi siempre con una perversidad inhumana.Mucho menos pueden los jueces

- asumir compromisos ideológicos y 

- dejar que los mismos orienten sus decisiones.

Si se estimara que

- el que infringe la ley es una víctima de la sociedad y, 

- por lo mismo, debe ser amparado, incluso 

- vulnerando el mandato de la norma legal,

- el juez se transformaría en un censor de la función legislativa, 

- sobrepasando, en lo que le corresponde,

- el ejercicio de la soberanía e invadiendo el ámbito de otras potestades.No quisiéramos que la desconfianza que don Andrés Bello manifestó sobre la tarea de los jueces siga siendo un escollo insuperable para nuestra institucionalidad, pero

- todo demuestra que es un peligro que nos será difícil superar.

Pablo Rodríguez Gues - El Mercurio - Santiago de Chile - 14-Nov-2013