Los niños soldado en Perú

El reclutamiento forzoso de niños en los poblados rurales y en los cinturones de pobreza de las urbes peruanas es una práctica y costumbre heredada primero del incanato, que fue continuada en la colonia y posteriormente en la república.

Muchos padres recuerdan como los camiones del ejército llegaron a sus pueblos y como todos los jóvenes sin discapacidad física eran lazados con sogas y subidos a las tolvas rumbo a los cuarteles. Generalmente, eran ubicados en otras regiones, algunos eran trasladados a más de 700 kilómetros de distancia de sus pueblos y muchas familias tardaban varios meses en saber donde se encontraban sus hijos.
Dado que dentro de los cuarteles se enseñaba
- disciplina,
- amor por la Patria y
- un oficio,
los padres de los menores estaban conformes con las levas ya que lo veían como "una oportunidad de vida para sus hijos"# y que ellos mismo habían sabido aprovechar.
Tal vez esta cosmovisión permitía la existencia de un partido político conformado mayormente por reservistas quienes usaban sus raídos uniformes con orgullo para distribuir su prensa ultranacionalista, al igual que los "polos rojos" de Venezuela.
Hace más de una década el Presidente Fujimori prohibió el reclutamiento de niños por parte de las fuerzas militares y paramilitares, por esa época el Perú suscribió la Convención de Derechos del Niño, por eso se ha producido un escándalo político–judicial de alcances internacionales al conocerse que el Cabo Robinson Macedo Sima, quien fue reclutado a los 16 años, figura en el parte de guerra de las 14 bajas sufridas por el ejército tras una emboscada realizada por una columna narcoterrorista en la localidad de Sanabamba, en el campo de operaciones antisubversivas del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).
La Sra. Marta Maurás, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, visitó Perú para conversar con las autoridades de Lima, manifestando en la rueda de prensa ofrecida que el Estado y el ejército peruano deben dar explicaciones por el caso del reclutamiento del menor de edad Robinson Macedo Sima.
Paralelamente la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informo que brindará asesoría legal a los familiares del cabo Robinson Macedo Sima, adelantó Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de esta institución que agrupa a 67 Organismos No Gubernamentales. Quien declaro lo siguiente: "Para poner las cosas en contexto. En principio nosotros consideremos que el ejército es nuestro ejército y los soldados son nuestros soldados y los apoyamos en la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso (SL) en el VRAE. Lo que no estamos de acuerdo es dar una suerte de carta blanca para que se realicen arbitrariedades".
Además, Gamarra añadió: "Es inconcebible e inaceptable que se recluten a menores de edad para combatir el terrorismo. Eso no se puede hacer y no se debe hacer y por supuesto la coordinadora, así como respalda al Ejército en su lucha contra el terrorismo, se siente identificado con los niños que son forzadamente reclutados o voluntariamente por el Ejército y por su puesto les brindará todo su apoyo a ellos y a su familia".
Finalmente, Ronald Gamarra, desestimó las declaraciones del ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz y del comandante general del ejército, Otto Guibovich, quienes plantearon que todo tema que tenga que ver con materia de lucha antisubversiva en un escenario como el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) debe ser visto por la justicia militar.
También se pronunciño, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República del Perú, Edgar Núñez, quien acusó a la Defensoría del Pueblo y a las Organizaciones No Gubernamentales de "atacar" contínuamente al Ministerio de Defensa, al responder de esta manera cuando fue consultado respecto a la denuncia formulada ayer por el Defensor del Pueblo en Ayacucho, Jorge Fernández Mávila, respecto al reclutamiento de más de cien menores por parte del Ejercito Peruano, durante el año 2008 y que actualmente se encuentran en el campo de operaciones antisubversivas en el Valle del Río Apurimac y Ene.
La reacción del Congresista oficialista se fundamenta ante la posibilidad de ver al Estado y al ejército en el banquillo de los acusados como "violador reiterativo de los derechos humanos".
Ing. Miguel Guzmán - "La Vanguardia" - Barcelona - 20-Abr-2009