Chile: Un pasado erróneamente idealizado

¿Qué piden los estudiantes y profesores que protestan, apoyados por algunos parlamentarios?
Una educación pública más centralizada y más recursos a la educación estatal -no municipalizada-, en desmedro de la educación privada subvencionada.

Argumentan que sólo aquélla aseguraría la calidad de la educación de los grupos de menores ingresos. Entienden eso como equidad, valor que priorizan por sobre la libertad de educación o la descentralización. En buen grado, los impulsa una mirada idealizada al Chile anterior a 1973.
Según esa visión fuertemente distorsionada de nuestro país, éste poseía entonces una educación estatal de calidad, que promovía la movilidad social.
Las universidades gratuitas supuestamente permitían que todos los grupos sociales tuvieran la oportunidad de acceder a los beneficios de la educación superior.
En esa visión, fue sólo después de 1973 que la educación se transformó en un mecanismo de exclusión social,
- tanto con los colegios subvencionados
- como por la aparición de universidades privadas.
Ciertamente, los datos muestran que la realidad del Chile anterior a 1973 fue exactamente la contraria a la imaginada por esos grupos. Cifras indesmentibles indican que en 1965 -época de auge de la educación estatal-,
- el 20 por ciento de los mayores de 25 años jamás había ido a la escuela, y
- de los que ingresaban a ella, sólo el 20 por ciento terminaba la educación primaria -que sólo alcanzaba a sexta preparatoria-.

La proporción de egresados de secundaria era bajísima:
- sólo 10 por ciento había completado sexto humanidades.
- Precisamente esa selectividad permitía que un diploma de humanidades tuviera tanto valor,
- ya que su poseedor pertenecía casi automáticamente al 10 por ciento más rico del país.

El caso de las universidades era aún menos equitativo:
- no más del 2% de los chilenos mayores de 25 años había pisado alguna vez la universidad, y
- sólo 1,7 % había completado una carrera.
Los alumnos pertenecían a un grupo selecto de elevados ingresos y, dada esa exclusividad, ese sistema no habría sido jamás un mecanismo de efectiva movilidad social, salvo en casos excepcionales. Además, las cifras no mejoraban, ya que no habían cambiado desde 1950, lo que indica que el sistema estatal de la época era un mecanismo inequitativo y que osificaba la movilidad social.

En suma, la educación y la universidad estatales de esa época operaban, de hecho, como un mecanismo por el cual la sociedad en general subsidiaba a los más privilegiados.
El contraste con el período 1985-2000 es notable, ya que en apenas 15 años
- la proporción de profesionales se duplicó,
- reflejando la apertura de las universidades y
- la mayor movilidad social de allí resultante.
Así, la crudeza de las cifras revela que los estudiantes en huelga, seguramente sin saberlo, postulan recuperar una quimera que nunca existió, y que sus propuestas resultarían, paradójicamente, perjudiciales para el cumplimiento de las metas que afirman perseguir.
De allí que las nuevas protestas y tomas estudiantiles, así como los anuncios de paros de profesores en contra de la Ley General de Educación, han tenido menor impacto en la opinión pública -lo que parece extenderse al propio Colegio de Profesores, que debió ampliar los plazos para conseguir el quórum que requería su apoyo a las protestas-.
A diferencia del cuadro de hace dos años, el público no apoya las movilizaciones, porque sabe que hay un acuerdo nacional sobre los cambios que se requieren en esta área, que recoge el largo trabajo de especialistas en educación y otros actores sociales.
Por eso, tales protestas aparecen hoy como un factor que contribuye a debilitar aún más la educación pública, ya que
- los padres prefieren que sus hijos no pierdan clases, y
- los futuros universitarios no desean perder tiempo en universidades que paran frecuentemente.
Editorial - "El Merurio" - Santiago de Chile - 3-Jul-2007