Retenciones: Todo lo que se pierde

Los sistemas político-institucionales generan tanta riqueza como consiguen que los costos y beneficios recaigan en quienes los causan. Con ese objetivo, el Estado debe proveer los bienes públicos para impedir interferencias a las libertades, tanto por parte de funcionarios como de otros particulares; y el sector privado, los bienes privados para superar la escasez.

Las naciones avanzadas se distinguen por alcanzar ese desiderátum más plenamente que el resto del planeta. Así, valorizan los derechos y las propiedades individuales. En contraste, en los países rezagados, los derechos y las propiedades individuales son débiles y menos valiosos.
Todos los impuestos distorsionan los incentivos particulares. Pero son necesarios para financiar al Estado proveedor de bienes públicos. De ahí que las naciones avanzadas pongan mucho cuidado en el diseño de sus impuestos y en la provisión de los bienes públicos.
En ese sentido, las retenciones a las exportaciones son muy ineficientes, pues reducen el precio interno de toda la producción del bien, aunque el Estado sólo cobra por lo exportado.
La diferencia constituye una redistribución de ingresos a favor de los usuarios locales del bien, que se benefician de los menores precios. La redistribución es tanto mayor cuanto mayor la alícuota, llegando a constituir una expropiación encubierta a favor de particulares, absolutamente vedada por la Constitución. Por ello, las naciones avanzadas las eliminaron.
Hoy, solamente algunos países subdesarrollados las aplican. Debido al fuerte aumento del gasto público, el gobierno necesita cada vez mayores ingresos.
Por eso, el ex ministro Lousteau dispuso nuevas alzas de las retenciones, el 11 de marzo pasado. Ahora, el Congreso considera aprobar las retenciones de la Resolución 125, con compensaciones a los productores más pequeños.
El problema son las consecuencias. Los productores reaccionaron ante el intento de redistribuir sus patrimonios sin límites. Desde que fue anunciada la Resolución 125, aumentó la desconfianza de los agentes económicos, que cambiaron sus portafolios. Contrariamente a lo que venían haciendo, comenzaron a desprenderse de activos en el país, para invertir en el exterior.
En el segundo trimestre de 2008, el BCRA vendió unos 2.900 millones de dólares en el mercado de cambios contado. En contraste, en igual lapso de 2007, había comprado 5.500 millones.
La diferencia entre ambas cifras, 8.400 millones de dólares, es el vuelco en el poder de compra interno, en un trimestre. Casi 12% del PBI. Ese es el impacto primario. Encima, actúa un multiplicador en las actividades no comerciables.
Porque la menor demanda de los sectores no comerciables se ajusta con menor oferta e ingresos, un proceso iterativo propio de los multiplicadores. En cambio, los sectores comerciables impactan el saldo de comercio internacional. Lo que salvó del derrumbe de la demanda fueron las reservas del BCRA y la decisión de usarlas para atemperar las consecuencias. Al vender los dólares que le solicitaban, al tipo de cambio respectivo, financió la salida de capitales y atenuó la intensidad de la contracción de la demanda interna.
Otra forma de exponer las alteraciones es concebirlas como una variación del crédito. Los operadores recortaron el crédito concedido al país, para expandir colocaciones en el exterior.
El BCRA satisfizo parcialmente ese cambio de portafolio al vender las divisas demandadas, en el mercado contado y a futuro. De no haberlo hecho, las consecuencias hubiesen sido demoledoras, pues la reversión fue de 12% del PBI. El resto impactó en las cotizaciones de los bonos, acciones, propiedades y otros activos en el país.
En contraste, durante el tercer trimestre de 2007, el BCRA vendió divisas al contado por 202 millones de dólares. De modo que el impacto de la reversión de las compras de divisas sería mucho menor y la contracción de la demanda global se atenuará marcadamente, el próximo trimestre, de no mediar otros chubascos. Por desgracia, la volatilidad de los commodities y los mercados de crédito mundiales podría afectar nuestra coyuntura desfavorablemente. El conflicto con el campo podría reactivarse u otro epicentro surgir.

Expropiación
Las retenciones móviles implican una expropiación encubierta, que el Estado puede agravar aún más por conveniencias políticas, sin aviso previo ni reglas previsibles. Sabemos que, a mayor riesgo, menores incentivos y producción. Anticipamos la aplicación de técnicas menos costosas e intensivas en el agro.
La producción agraria exportable será inferior a la posible de haberse mantenido las retenciones anteriores.
A mediano plazo, una retención de 47%, contra una de 35% resultaría en una contracción de la producción de 30%. Los actuales 95 millones de toneladas de cosecha constituirán un techo inalcanzable durante la vigencia de la 125.
Como mostró Laffer, a mayores tasas impositivasno se corresponden mayores recaudaciones. Las retenciones constituyen un fuerte aliciente a producir para el mercado interno y un castigo a las exportaciones.
Hay otras pérdidas. Durante el conflicto, el Estado suspendió embarques, lo cual disminuyó la confianza en la provisión de bienes agropecuarios de procedencia argentina. Los compradores sufrieron costos por los incumplimientos. Ahora, los granos y oleaginosos embarcados desde la Argentina valen menos que los de otros orígenes.
Además, los productores deben soportar el encarecimiento de la comercialización impuesto por la ONCCA, con sus reglamentos y prácticas. La brecha entre los valores FAS y los efectivamente pagados en el mercado local agrega 5 puntos porcentuales a las retenciones de soja. Otra pérdida de ingresos de los productores.
El agro provee 60% de las exportaciones, en forma directa o a través de las manufacturas de origen agropecuario. Las demás actividades requieren importaciones y pagos externos que, sin el campo, no serían posibles o insumirían recursos más onerosos. Además, los productores nacionales son los más eficientes del planeta; ningún otro sector agropecuario sobrevive con gravámenes tan elevados.
En la Argentina, ninguna otra actividad económica genera tan considerable productividad, medida en términos internacionales.
El campo aporta mucho más que puestos de trabajo a los ingresos de los argentinos. La Justicia de la ley proyectada despierta dudas graves. Por un lado, sanciona un impuesto que no es uniforme en todo el país, como exige la Constitución, art. 75.
Además, el porcentaje de retención podría ser juzgado confiscatorio. Por otro lado, las retenciones móviles instituyen un mecanismo de expropiación encubierta, a favor de particulares, violatorio de la Constitución. Pero la falla principal está en que el Estado absorbe cada vez más recursos y no mejoran los servicios públicos. Ello enerva los derechos de propiedad de todos los habitantes.
Entre 2002 y 2007, el PBI creció 160%; y el gasto público, 276%. La presión tributaria pasó de 20,3% a 29,4%, en 2007, y sigue en ascenso.
Dr. Enrique Blasco Garma - Economista - CIIMA-ESEADE - Buenos Aires - 15-Jul-2008