En democracia: La solución es siempre más República

El proyecto de ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados es una clara muestra de la poca importancia que le damos a nuestra Constitución Nacional.

Cuando la señora Presidente Cristina Fernández anunció su envío al Congreso, para ratificar las retenciones móviles, argumentó que, con ello, los argentinos tendríamos "más democracia".
En realidad, con esta decisión los ciudadanos podíamos aspirar a darle una solución institucional al conflicto entre el gobierno y el campo; lo cual significaba "más república".
Las soluciones en democracia, siempre son "más república"; aunque los argentinos no lo hayamos aprendido en 25 años de ejercicio del voto.
Cuándo uno sufraga delega un enorme poder a aquéllos que ha elegido para el ejercicio de la función pública. Por ello, la necesidad de contar con una Constitución Nacional que restrinja la posibilidad de dichos "delegados" de avasallar los derechos de sus conciudadanos.
Así es cómo el principio republicano de nuestra Carta Magna distribuye ese poder entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia, determinando las restricciones para su ejercicio y ordenando que se controlen entre ellos para que éstas no sean violentadas.
En este marco, una de las facultades que confiere al Congreso es la de legislar impuestos y derechos de exportación, prohibiendo expresamente la delegación de esta facultad en el Ejecutivo.
Sin embargo, las retenciones de referencia han sido instrumentadas por una resolución del gobierno nacional, basada en un Código Aduanero sancionado en el Proceso Militar.
Era esperable que durante una dictadura castrense no se respetara la Constitución, pero no que los posteriores gobiernos democráticamente elegidos hubiesen seguido aplicando una norma evidentemente inconstitucional.
Por ello, es probable que gran parte de la discusión sobre el proyecto de ley que tuvo media sanción en Diputados pase por
- si constituye una solución al conflicto con el campo o
- el costo económico de las compensaciones.
Sin embargo, lo más preocupante de lo aprobado es el artículo 2, en el que nuestros diputados reconocen la delegación de la facultad de imposición que hace el Código Aduanero.
Ésto no solamente es inconstitucional, sino de una tremenda irresponsabilidad cívica. Cuando los ciudadanos los votamos fue para que cumplieran con el rol que les manda nuestra Constitución y no para que cedieran graciosa e indebidamente el poder que nosotros les delegamos.
En una palabra, una vez sancionada la ley, el gobierno revalidará su convicción de que
- no era necesario que las retenciones fueran aprobadas en el Congreso y
- que puede aplicarlas a otros sectores o
- variar las alícuotas por una mera resolución del Ministerio de Economía.
- Incluso hasta podría interpretar que se le ha delegado la posibilidad de cambiar las alícuotas que fija la propia ley de retenciones móviles.
Por otro lado, para tratar de darle un perfil redistributivo y mostrar cómo se "beneficia" a los pequeños productores agropecuarios, la norma con media sanción implementa un sistema de compensaciones para estos últimos. Esto significa que el gobierno se apropiará de los ingresos de dichos agricultores y luego se los reintegrará según su propio criterio.
La primera duda que salta es al respecto de las dificultades que tendrán estas devoluciones, más cuando el plazo por el que regirán finaliza en octubre. Cabe tener en cuenta que muchos empresarios (con mayor estructura), que hoy son "beneficiados" por transferencias del Estado, tienen largas moras para que se les efectivice el pago.
La segunda pregunta es cuánta subfacturación o "división" artificial de empresas se estará incentivando para poder entrar dentro de los parámetros exigidos y ser elegible para las compensaciones.
El tercero y más importante interrogante, es cómo se verá afectada la independencia del sector, si su ingreso depende de la arbitraria generosidad del Poder Ejecutivo.
Otro proyecto que avanza para "favorecer" a los pequeños ruralistas es el de "arrendamiento". Con él se pretende restringir las posibilidades, de los "pools" o de los grandes empresarios, de alquilar campos.
Cabe preguntarse por qué el dueño de un predio lo da en explotación y no lo hace producir él mismo. A menos que consideremos que es un tonto, debe ser porque lo que recibirá de renta es mucho más de lo que podría sacarle él mismo, deducido el riesgo de explotación (pérdidas si los precios caen o si el clima es desfavorable). Debe tenerse en cuenta que las producciones a escala y con grandes inversiones son mucho más productivas; por lo que eso permite pagar atractivos alquileres.
Pues bien, con la ley de "arrendamiento" propuesta habremos logrado que este pequeño empresario agropecuario tenga que alquilar su campo por menos dinero, ya que la demanda será menor al desincentivar las grandes explotaciones, o que tenga que hacerla producir él mismo.
Esto le implicará
- asumir todos los riesgos y,
- dada la menor disponibilidad de capital y de escala, obtendrá menores rindes;
lo que no solamente será perjudicial para él, sino para todo el país.
Estaremos estimulando una producción agropecuaria más ineficiente y, por ende, con menores posibilidades de generar bienestar económico para todos los argentinos.
Al leer este artículo algunos probablemente se sientan indignados con nuestros legisladores. Me permito recordarles que ellos están en el Congreso porque nosotros los hemos votado o porque no hemos sabido asumir la responsabilidad cívica que nos corresponde.
Tenemos que dejar de ser habitantes, para pasar a ser ciudadanos y empezar a exigirles, a quienes les hemos delegado el poder, que lo ejerzan en el marco de la Constitución Nacional.
Si seguimos sin hacerlo, ya no seremos víctimas, sino cómplices de nuestra decadencia institucional y, por ende, socioeconómica.
Lic. Aldo Abram - CIIMA-ESEADE - Buenos Aires - 16-Jul-2008