Con matices, los candidatos presidenciales vienen planteando cada vez con mayor énfasis la idea de beneficiar con la política social a la clase media.
Este último es un concepto ampliamente utilizado en política y en ciencias sociales, y su atractivo para los políticos deriva, precisamente, de su importancia electoral, tanto más cuanto que diversos estudios de mercado sugieren que este grupo se está ampliando, a resultas del crecimiento económico del país en los últimos 25 años.
Pero su vaguedad lo hace difícil de utilizar como guía de la política pública, porque reúne a una proporción relativamente alta de la población. En efecto, los criterios que usan los estudios de mercado para medir los grupos sociales -A, B, C1, C2, C3, D y E- se actualizan esporádicamente y están basados en
- disponibilidades de bienes,
- atributos de las viviendas o
- características de los jefes de hogar, tales como
- nivel educacional y
- estatus ocupacional.
Como en Chile
- se han elevado los niveles de escolaridad y, además,
- la disponibilidad de bienes ha crecido en forma importante
- por los aumentos en el ingreso promedio de todos los grupos demográficos en una proporción aproximadamente similar,
es esperable que hayan disminuido los grupos de menor nivel socioeconómico y aumentado los grupos medios.
Esto es congruente con las caídas observadas en las tasas de pobreza en el país.
Pero eso no debería ser una razón para reorientar la política social hacia los grupos medios.
Casi el 14% de la población sigue viviendo en pobreza, y la línea de ingreso que define esta última condición es modesta:
- menos de 50 mil pesos (aprox. US$ 100) en zonas urbanas, y
- de 33 mil (aprox. US$ 65) en zonas rurales.
En parte, eso obedece a que ella se basa en una canasta totalmente desactualizada, que se originó en una encuesta de presupuestos familiares con más de dos décadas de antigüedad.
- Mantener esta línea como referencia para evaluar el progreso del país en su lucha contra la pobreza es razonable, pero
- conviene actualizar la línea para guiar la política social.
Si para estos efectos se corrigiera dicha línea empleando antecedentes más recientes de consumo de los hogares,
- La tasa de pobreza se ubicaría en torno al 27% de la población,
según estimaciones realizadas por el economista Felipe Larraín. Por supuesto, esto no significa que la pobreza haya aumentado en Chile, sino que carece de sentido mantener indefinidamente los mismos parámetros.
Estas consideraciones sugieren que
- No es apropiado reorientar y concentrar en exceso la política pública en la clase media.
Con ello se renunciaría a aprovechar bien los recursos públicos para aliviar la situación de los más desaventajados.
Es de recordar que
- Mientras más universales sean las prestaciones, menos impacto tendrán en mejorar las condiciones de vida de la población de menores ingresos y en reducir la desigualdad del país.
Muchas naciones, sobre todo en Latinoamérica, tienen políticas sociales poco focalizadas y que mantienen a los hogares de mayor pobreza sin posibilidades de superar su condición.
Nuestras políticas no deben perder su orientación hacia estos últimos. Por cierto, hay mucho espacio para perfeccionar las iniciativas sociales, sobre todo porque varias de ellas son de escaso efecto y otras son retiradas abruptamente, desincentivando la salida de la pobreza de sus beneficiarios.
Es obvio que esto obliga a extender parcialmente las políticas a sectores medios, pero eso ha de hacerse para dar más eficiencia a cada política, sin perder su orientación principal.
Editorial - "El Mercurio" - Sgo. de Chile - 23-Sep-2009
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