No es el momento de subir los impuestos

EL GOBIERNO lleva tiempo anunciando cambios en los impuestos, aunque sin concretar hasta el pasado sábado cuales serían esos cambios.
Al principio parecía que,
- ante la gravedad de la crisis y la necesidad de sostener la renta disponible de los consumidores,
- para evitar una fuerte caída del consumo y de la producción,
- esos cambios podrían consistir en una disminución de los tributos personales.
Después, las urgencias para financiar un gasto público desbocado, unidas a la fuerte caída de la recaudación provocada por el hundimiento del PIB, condujo a que se anunciase una subida de los tributos para reducir un déficit público que se sitúa en las proximidades del 9% del PIB y que quizá a finales de año termine por encima del 10%.
El Gobierno, por tanto, pretende subir los impuestos en una situación de profunda crisis económica para reducir un déficit cuya cuantía no tiene antecedentes conocidos en nuestro país.
Sin entrar en la instrumentación concreta de esas subidas, pendientes aún del debate parlamentario, 2 preguntas surgen de inmediato.
- La primera, si tiene sentido una subida de impuestos en una crisis como la actual.
La respuesta es que, si bien a corto plazo esa subida puede aparentar algún sentido, a la larga resultará muy difícil conseguir así mayores ingresos públicos porque el efecto recaudatorio de un aumento de tipos y una merma de deducciones influirá negativamente en la mala situación económica actual.
En primer término porque,
- al reducir la renta disponible y aumentar los precios,
- afectará negativamente al consumo y a las ventas profundizando la crisis,
- con lo que el aumento de recaudación puede ser muy reducido.
En segundo lugar, porque
- algunas de esas subidas pueden desincentivar el ahorro y la inversión,
- con lo que constituirán un obstáculo adicional a la recuperación económica.
Finalmente, porque
- mayores tipos harán más rentable el fraude, la ocultación y aumentarán la economía sumergida,
- reduciendo las bases impositivas y poniendo en peligro la recaudación tributaria y la financiación de la Seguridad Social.

La segunda pregunta se refiere a cómo reducir el déficit público si una subida de tipos puede tener efectos contraproducentes.
La respuesta tendrá que
- definir el déficit que hay que reducir y su probable cuantía;
- el plazo en el que desarrollar la política fiscal adecuada para alcanzar ese objetivo;
- el papel del gasto público en esa política y, finalmente,
- qué hacer en materia de impuestos.
Comenzando por la primera de esas cuestiones,
- El déficit que tendrá que reducirse será el déficit estructural y no el puramente coyuntural, pues éste último irá disminuyendo automáticamente a medida que la economía se recupere.
Para que se entienda mejor, el déficit coyuntural es el que se genera por la caída de la actividad económica y se nutre tanto del aumento automático de ciertos gastos, tales como los subsidios por desempleo, como de la reducción, también automática, de determinados ingresos, tales como la recaudación del IRPF, del IVA o del impuesto de sociedades, ligados a magnitudes económicas cuyo volumen desciende en épocas de crisis.
Por el contrario, el déficit estructural es consecuencia de un desequilibrio entre ingresos y gastos no relacionados directamente con el nivel de actividad económica, sino generado por decisiones voluntarias del Gobierno, por lo que no se reducirá simplemente por la mera mejora de la coyuntura. Aunque su estimación no suele ser muy precisa, es posible que se encuentre por encima de la mitad del déficit de este año.
La tarea de reducir el déficit resulta extraordinariamente difícil. Téngase en cuenta que, para pasar de un déficit próximo al 7% del PIB al 3% exigido por el Tratado de Maastricht, nuestro país tuvo que aplicar una dura disciplina presupuestaria entre 1996 y 2000 y, al mismo tiempo, lograr la reactivación de su economía. Ahora que el déficit es bastante más elevado que entonces, un plazo de tres o cuatro años no parece exagerado. De ahí que la política fiscal adecuada deba programarse al menos para ese plazo.
El papel del gasto público en la reducción del déficit debería ser fundamental, constituyendo el principal instrumento de esa política, como recomienda el Banco Central Europeo. En el gasto corriente habría que proceder a una poda rigurosa de muchas de sus partidas, comenzando por
- la congelación del empleo público durante la duración del programa,
- absorbiendo además las bajas y jubilaciones,
- con la única excepción de los servicios sanitarios y de justicia, que hoy se encuentran claramente infradotados de personal.
Como el empleo público representa en España casi un 20% del total, esta medida permitiría alcanzar importantes ahorros. A ella tendría que unirse
- la congelación de los gastos por compras y suministros y, sobre todo,
- criterios moderados, pero bien articulados, de copago en ciertos servicios públicos,
- con lo que podrían alcanzarse cuantiosos ahorros en los gastos corrientes reforzando, además, la eficiencia del sector público.
Pero incluso eso sería bastante poco si no se procediese también a una racionalización profunda de los servicios de las Comunidades Autónomas, que constituyen el primer factor de crecimiento del gasto público en España.
No debería disminuirse el total de los gastos públicos de capital pero sí someter sus partidas a una profunda reconversión. Como la crisis ha puesto en cuestión nuestro actual modelo productivo,
- la inversión pública debería olvidarse por ahora de las acciones orientadas al bienestar de los ciudadanos y
- concentrarse en las encaminadas al apoyo de la producción.
No se trata de producir públicamente bienes y servicios sino de generar economías externas para su producción privada.
Nos quedan todavía muchas tareas pendientes
- en el ámbito de las comunicaciones y telecomunicaciones,
- en el de las redes de suministros básicos, incluida el agua, y
- en el de la enseñanza e investigación aplicadas a la producción, tareas que deberían ser fuertemente impulsadas.
Algo de eso parece que pretende hacer el Gobierno. Veremos si lo consigue.

Finalmente, en cuanto a los impuestos deberían seguirse 3 reglas básicas.
- La primera y esencial,
- no subir ningún impuesto en las actuales circunstancias económicas.
Subir impuestos ahora creará posiblemente más problemas que los que se pretenden resolver. Como única excepción a esta primera regla,
- la segunda debería consistir en
- analizar a fondo el posible intercambio de algunos impuestos para reducir costes empresariales y mejorar la capacidad de nuestras empresas para competir en el exterior.
Subir, por ejemplo, el IVA reduciendo simultánea y equilibradamente las cotizaciones sociales no repercutiría apenas en los precios y, sin embargo, supondría ganancias importantes para los exportadores, porque el IVA no recae sobre las exportaciones mientras que sí lo hacen las cotizaciones sociales.
De paso, reducir la brecha entre costes salariales de las empresas y los salarios efectivamente percibidos por los trabajadores ayudaría a generar empleo, lo que resulta muy deseable pues el paro superará pronto el 20% de la población activa.
- La tercera regla en materia impositiva es la más sorprendente pero también la mejor probada en nuestro país al día de hoy. Esa regla indica que
- los impuestos personales deberían bajarse -y no subirse- justo cuando se inicie la recuperación y
- los indirectos como el IVA no aumentarse tampoco en ese momento.
Con ello se impulsaría y aceleraría la salida de la crisis al dotar a los ciudadanos de una mayor renta disponible cuando, al comenzar la recuperación paulatina del consumo, no se corra el riesgo de que se atesore el ahorro impositivo.
Los precios tampoco se verían afectados por los impuestos en ese momento crucial. De este modo
- se aceleraría la recuperación y, con ella,
- el mecanismo automático de absorción del déficit coyuntural.
Así se hizo en la reforma del IRPF en 1998 y el resultado de la bajada en tarifas y tipos, junto con el aumento de los mínimos de exención personales y familiares, fue una mejora evidente en la justicia del tributo y una mayor recaudación que coadyuvó a reducir el déficit público, pese a la «crisis asiática» que afectaba a la economía mundial y a los pesimistas pronósticos de quienes entonces estaban en la oposición.
El experimento de bajar tipos y tarifas para reducir el déficit funcionó plenamente. Pero, paradojas de la vida, quienes estaban en la oposición antes y no acertaron en sus pronósticos se encuentran hoy en el Gobierno.
Bueno sería que hubiesen aprendido de esa importante experiencia para no embarcarse en aventuras de subidas impositivas que bien podrían causar más daños que beneficios.
MANUEL LAGARES - Catedrático de Hacienda Pública - "El Mundo" - Madrid - 28-Sep-2009