A los argumentos que son verdaderos razonamientos se responde destruyéndolos, y a los que son sólo aparentes haciendo distinciones", decía Aristóteles en sus Argumentaciones Sofísticas. Y en este momento parece que estamos en España atrapados en una trampa sofista: todos queremos que los piratas somalíes vuelvan a África para que nuestros compatriotas estén más seguros, pero hacerlo violaría las reglas de nuestro Estado de derecho que es lo que más vale para nosotros. De forma que nosotros mismos nos estaríamos prohibiendo hacer lo que legítimamente más deseamos.Necesitamos distinciones, está claro. Y la distinción que puede sacarnos del embrollo es separar adecuadamente el mundo jurídico interno y el internacional marítimo; distinguir entre la jurisdicción como manifestación del Estado de derecho y la jurisdicción como fruto de una decisión libre y arbitraria de un concreto Estado. Porque, verán, creo que nunca se ha comprendido adecuadamente lo que la Armada española hace en el Índico, que no es defender el Estado de derecho (al que para nada afecta lo que allí suceda) sino defender el derecho de nuestros navieros al libre uso de los mares. Defender un interés material concreto y tangible, no el Derecho en general. Y precisamente por ello, esa defensa puede reflejar la conveniencia y el egoísmo del interés nacional en una forma que no estaría permitida por el Estado de derecho si se tratase de delitos internos. La razón de Estado, un concepto tabú ante los tribunales de justicia, puede en cambio operar cuando se trata de los piratas en alta mar.
Lo que dice el Derecho del Mar. En realidad, los textos normativos básicos en la materia, el Convenio N.U. de Derecho del Mar de 1.982 (art. 105), y antes el Convenio de Ginebra sobre el Alta Mar de 1.958 (art. 19) lo proclaman con nitidez para quien quiera verlo: los Estados (sus buques de guerra) no están obligados a perseguir a los piratas, ni a apresarles, ni a juzgarles si les apresan. Pueden hacerlo, si quieren (art. 105), pero no están obligados a ello. Pueden apresarles o dejarles correr, pueden juzgarles una vez apresados o pueden liberarlos a su conveniencia. La jurisdicción es aquí un poder opcional, no un atributo obligatorio de un Estado de derecho ya existente. Es un poder que se ejerce o no según interese al Estado concernido, aunque si se ejerce deberá hacerlo con respeto a las reglas del due process y del respeto a los derechos del acusado.
La diferencia entre uno y otro caso de ejercicio de la jurisdicción es pasmosa, tan pasmosa que nos resistimos a verla: la idea de una jurisdicción que se ejerce o no a pura conveniencia del poder estatal es tan repugnante para un Estado de derecho constituido en su ámbito normal de autoridad, que pensamos que no puede existir algo así. Pero existe, y el de los piratas en alta mar es un caso concreto.
Equívoco: la fragata captura, la Audiencia procesa. Pues bien, nuestra Administración y nuestros Tribunales no han captado esa distinción, y por ello han aplicado mecánicamente las reglas internas a un supuesto que no caía bajo ellas. La fragata podía capturar a los dos piratas, pero también no hacerlo. Podía capturarlos y luego liberarlos en la costa. O no. El Estado español podía libremente (¡sí, a su conveniencia!) no traerlos a España, no juzgarlos, no entregarlos a los tribunales. No se trata de justificar un "espacio Guantánamo", pero sí de reconocer que en este ámbito de la piratería el Estado es libre de juzgar o no juzgar. Por eso precisamente, porque su jurisdicción deriva sólo de su voluntad para ejercerla y está a su disposición, ha podido celebrar un acuerdo con un tercer país como Kenia para entregarle a los sospechosos que quiera. ¿O es que podría hacer tal cosa con los que delinquen en Sevilla o Bilbao?
Si miramos la jurisdicción desde esta nueva perspectiva, como una facultad que se usa a conveniencia, tendremos que admitir que no existe ningún obstáculo serio para abandonarla cuando ello convenga. Al igual que pudimos juzgar o no, podemos ahora seguir con el juicio o no. Es la razón de Estado la que manda, no el Estado de derecho, que en nada sale perjudicado ni tocado se haga lo que se haga. Comparar este caso con los chantajes de ETA carece de sentido, porque aquí no está en juego un valor superior que el propio interés de España (de los españoles).
La conexión prevalente se vuelve dañina. Se escucha en nuestro derredor el argumento de que en este caso, dado que se ha atentado contra buques y personas españolas, hay una conexión prevalente que hace obligatoria la competencia judicial patria (art. 25.4 LOPJ); pero es un argumento que también se ha vuelto sofístico. Pues, ¿cómo podría ser que una conexión pensada para proteger el interés de unos compatriotas trabaje de hecho en contra suya? Porque el discurso suena algo así como:
- debemos retener la jurisdicción porque el ofendido es español,
- a pesar de que el interés de ese español es que renuncie a ella.
Preciosa aporía, digna del mejor Gorgias.
La solución del enredo sólo requiere decir el discurso con las diferencias que su propia naturaleza reclama.
Y, cómo no, también un poco de sentido común y buena voluntad. Que no tendría por qué escasear.
- El corazón no tiene dudas, pero las dudas de la razón son de peso
Hubo un tiempo en que teníamos un presidente a la deriva, naufragando sin timón, por la tormenta perfecta de la crisis económica. Pero como todo es susceptible de empeorar cuando se está al borde del abismo, parecía que el presidente, emulando aquel viejo chiste del franquismo, había hecho un paso adelante.
Pues no, tranquilos. Zapatero no ha caído por el agujero, sino que ha sido abducido por una fuerza extraterrestre. Y ya ha vuelto. O eso dicen, porque continuamos sin verlo, ni oírlo, sin conocer sus estrategias contra la crisis y, en definitiva, sin saber si alguien comanda la nave.
Ahora dicen que alguien dijo que alguien lo vio hablando con el armador del Alakrana y prometiendo que devolverá a los piratas a Somalia.
- ¿Puede prometer eso?
- Alguien dice que alguien dijo que alguien ha oído que sí. Bueno es saberlo.
Y mientras Wally encuentra a Zapatero, el Alakrana sigue en el atolladero de un secuestro violento que ha conseguido extorsionar, política, judicial y económicamente, a un Estado democrático.
La pregunta que formula "La Vanguardia.es" es muy difícil de responder.
- ¿Debemos negociar con los piratas?
El corazón no tiene dudas, pero las dudas de la razón son de peso.
Recordemos el brutal chantaje emocional a que fuimos sometidos cuando la vida de Miguel Ángel Blanco pendía del hilo criminal de ETA. No podíamos ceder.
- ¿Podemos ahora?
- ¿Podemos presionar a los jueces para que violenten la ley y devuelvan a unos criminales?
- ¿Puede hacer eso Zapatero?
No, no puede sin saltarse las reglas de juego que rigen nuestra sociedad.
Lo cual nos sitúa en una posición de alto riesgo:
- o ponemos en peligro la vida de 36 personas,
- o acatamos la ley de los piratas.
El atolladero es demoniaco. Especialmente si, además, tenemos un gobierno con presidente missing y sumido en el descrédito. Dicho lo cual, algún día
- tendremos que hablar de los armadores que envían sus barcos más allá de los límites seguros y que ponen en riesgo la vida de sus pescadores.
- Tendremos que hablar de su negocio en zonas peligrosas.
Cuando todo acabe,
- ¿No tienen nada que explicar?
- ¿Es lógico que un Estado tenga que proteger negocios privados en zonas de alto riesgo que están claramente delimitadas?
- ¿No deberían pagar el coste de dinero público que supone este rescate?
Preguntas colaterales que haremos al día siguiente. Ahora lo prioritario es el retorno de estos marineros. La cuestión es cómo.
Y no parece que haya ningún otro camino que la cesión al chantaje. Terrible dilema. O la vida o la ley.
Pilar Rahola - "La Vanguardia" - Barcelona - 10-Nov-2009
Frente al cinismo de Garzón una solución realista
UN AUTOSATISFECHO Baltasar Garzón, agasajado en su tierra natal con un doctorado honoris causa, compareció ayer ante los medios para responder a las preguntas sobre su actuación en el caso del secuestro del Alakrana. Es la otra cara del drama:
- la de quien cosecha honores mientras los retenidos pagan la factura de su ego.
Sus palabras no fueron nada tranquilizadoras para las familias de los marineros, ya que Garzón pidió que los piratas que él trajo a España no sean devueltos como parte del trato para resolver la crisis. Aseguró que no cree «que los jueces se vayan a dejar presionar en ninguna circunstancia» y que tienen que actuar siempre «conforme a la legalidad». A su juicio, sería «tremendo» que alguien cediera a las presiones de alguna de las partes.
Garzón dijo que existen «opciones legales» para resolver el problema sin desdoro del Estado de Derecho pero no aclaró cuáles son. La verdad es que esas «opciones» las tuvo él pero las desdeñó porque no acrecentaban su fama.
Podía y debía haber dejado a los capturados en Somalia o Kenia, dado que el Código Penal español no tipifica el delito de piratería. Así lo dijeron decenas de juristas y expertos en su momento. Pero Garzón prefirió sacar pecho trayéndolos a España, sin calibrar las consecuencias de lo que estaba haciendo e ignorando no sólo la posición de las familias sino la propia situación en la que dejaba al Estado. Su decisión dificulta muchísimo ahora la liberación de los 36 tripulantes del Alakrana, condicionada -como era previsible- a la de los dos detenidos.
Garzón puede escudarse en que actuó en función de una denuncia del abogado del Estado y con el respaldo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pero ello no disminuye su responsabilidad. Los hechos posteriores han demostrado que se equivocaron los tres.
Por las palabras de Zapatero de que la liberación de la tripulación «está encauzada» y las declaraciones del ministro de Justicia, todo indica que el Gobierno está negociando un simulacro de acuerdo con Somalia para poder enviar allí a los detenidos.
Parece una solución muy complicada y nada creíble.
- En primer lugar, porque Somalia es un país en descomposición, con un Gobierno cuestionado que apenas tiene autoridad para controlar el territorio.
- España no tiene relaciones diplomáticas con este país y, por lo tanto, no puede firmar en estos momentos un acuerdo para extraditar presos.
- Suponiendo que el Gobierno les enviara ahora a Somalia, resulta imposible creer que fueran a ser juzgados allí y que cumplieran una condena por graves delitos de secuestro.
Más inverosímil todavía sería que fueran juzgados y condenados por la Audiencia y que luego cumplieran la pena en aquel país.
Mucho más fácil sería que Zapatero reconociera que estamos ante un estado de necesidad, que, al igual que justifica el pago de un fuerte rescate, haría aconsejable la inmediata puesta en libertad de los presos. Hay diversas fórmulas jurídicas que serían aceptables.
La más sencilla y viable es que la Fiscalía pidiera la libertad provisional de los dos detenidos, que están en prisión preventiva y, por lo tanto, tienen derecho a la presunción de inocencia, y el juez Pedraz o la Sala de la Audiencia la concediera. Una vez en la calle, podrían ser trasladados por la Cruz Roja u otra organización humanitaria a su país.
Más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo. Un presidente como Zapatero que invocó «el valor supremo de la vida» cuando la única que estaba en juego era la del etarra De Juana Chaos no debe quedar atrapado en el cinismo jurisdiccional de un juez como Garzón cuando penden de un hilo las de 36 marineros.
Editorial - "El Mundo" - Madrid - 10-Nov-2009
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