Bajo la abierta presión de Estados Unidos, Roberto Micheletti y Manuel Zelaya aceptaron finalmente un acuerdo para
- restablecer al depuesto Mandatario en Honduras y
- llevar a cabo las elecciones presidenciales del 29 de noviembre en una situación de normalidad constitucional.
Durante meses,
- ni la OEA
- ni los presidentes, cancilleres y delegados de los países de la región lograron que las partes cedieran en sus posiciones.
Cuando Zelaya fue depuesto en junio y Micheletti asumió la Presidencia interina, la OEA, por unanimidad de sus países miembros, aplicó la Carta Democrática. Todos los gobiernos de la región hicieron los máximos esfuerzos para promover una salida consensuada.
Washington se mantuvo expectante, pero ante el fracaso de
- esos intentos,
- de la mediación del ex Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, y
- del último esfuerzo de la delegación de la OEA,
envió una misión presidida por Shannon -el más alto cargo del Departamento de Estado para esta región- para intentar un resultado positivo.
Si no se da un imprevisto político, tras pronunciamientos del Poder Judicial y del Congreso para retrotraer la situación al 28 de junio, Zelaya sería reinstalado esta semana como Presidente, a cargo de un gobierno de reconciliación nacional, que no promoverá un cambio constitucional.
No habría una ley de amnistía política, pues se conviene en presumir que ni Zelaya ni Micheletti actuaron al margen del derecho, y la comunidad internacional reconocería las elecciones presidenciales del 29 de noviembre.
Las sanciones internacionales se derogarían -EE.UU. ya dio un paso, al reanudar los trámites de visado, que estaban congelados desde agosto-.
En suma, no es un desalojo de Micheletti, sino una transacción en que ambos bandos logran, gruesamente, la mitad de sus expectativas.
La crisis de Honduras demostró que
- la región y EE.UU. no están dispuestos a aceptar quiebres constitucionales que impliquen un derrocamiento presidencial, pero también
- evidenció que no existe un mecanismo similar para condenar a un líder elegido democráticamente que se excede de sus atribuciones, o
- que busque aumentar su poder por medios aparentemente democráticos.
Como efecto indirecto de la solución al impasse hondureño, es probable que en el Senado de Estados Unidos se desbloquee la votación para el nombramiento de Arturo Valenzuela como secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, cargo que actualmente ocupa Shannon.
La confirmación ha estado pendiente del veto del senador Jim DeMint, quien explícitamente ha sostenido que no permitiría el avance del proceso mientras el gobierno de Obama no se aviniera a aceptar las próximas elecciones hondureñas como legítimas.
Con el acuerdo promovido por Shannon se soluciona ese obstáculo, y sólo resta que el tema se ponga en tabla y el nombramiento de Valenzuela reciba los 60 votos requeridos.
Tanto en Estados Unidos como en los países de América Latina se ha criticado la vacancia por tan largo tiempo de un cargo vital para la formulación e implementación de la política de EE.UU. hacia la región.
Empresarios estadounidenses advierten que esa demora es una mala señal que perjudica sus negocios en Latinoamérica. En este proceso, nunca ha estado en duda la capacidad e idoneidad de Valenzuela, ni el firme apoyo de Hillary Clinton y del Presidente Obama.
Sin embargo, el proceso legislativo tiene sus tiempos, y en EE.UU. la oposición cuenta con mecanismos para hacer valer sus puntos de vista, aunque esté en minoría.
La pronta confirmación de Valenzuela sería una positiva señal que Washington enviaría a la región.
Editorial - "El Mercurio" - Sgo. de Chile - 2-Nov-2009
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