El Estado de Chile, ¿subsidiario?

El Estado chileno ha dado recientes muestras de interés en aumentar sus operaciones empresariales en diversos ámbitos, planificando nuevas actividades económicas e intentando crear riqueza en distintos sectores, lo cual contradice el rol subsidiario que le asigna la Constitución. Así lo muestra un reciente recuento realizado por este diario de los diversos negocios en que el Estado compite con los privados.

Como en toda organización, convendría que la acción del Estado se concentrase en sus objetivos institucionales propios y específicos. Sólo así logrará eficiencia y rentabilidad. Un Estado que focaliza su gestión en su misión irreemplazable se fortalece. Por el contrario, si cae en la tentación de extenderse a actividades que no le corresponden, se debilita. Este debilitamiento tiene un alto costo: esa dispersión se traduce en menor bienestar para millones de personas en condición de pobreza.

Hoy es posible observar diversas señales que hacen pensar que el Estado se está alejando de su función propia. Así se advierte en casos como

- Correos de Chile, que ha intensificado sus operaciones en el mercado de "courier";

- Conaf, que ha ampliado sus operaciones al negocio del combate de incendios forestales -servicio que anteriormente subcontrataba a privados-, y

- CIMM T&S -corporación de derecho privado con aporte principal del Estado-, que presta servicios en un mercado abierto y competitivo.

También hay proyectos que están en carpeta para ser ejecutados pronto. Entre ellos destaca el Banco del Estado, que podría cumplir con el anhelo gubernamental de contar con una AFP. Este proyecto, que hace un tiempo era sólo una aspiración, hoy pasó a ser una prioridad para el Ejecutivo en 2008.

También Enap ha dado señales de seguir expandiéndose: a fines de 2007 evaluó la compra de YPF en Chile, para ampliar su giro a la comercialización de combustibles. Y Codelco está en proceso de licitación de una termoeléctrica (proyecto central Farellones). Si bien el tema energético se ha tornado clave para las operaciones de la minera estatal -que ya tiene participación minoritaria en empresas de este sector-, no parece razonable que sus operaciones se sigan ampliando en este rubro.

Cabe, pues, repreguntarse qué papel le corresponde al Estado en la economía.

Al respecto, la Constitución es clara al asignarle un rol subsidiario:

- el Estado debería limitar su ámbito a estar "al servicio de la persona humana", así como también a

- "resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia", y

- "asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional".

En cuanto a su participación en el ámbito empresarial, señala que "el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza".

Esto evidencia que la normativa fundamental contempla un Estado empresario sólo en casos excepcionales, priorizando el desempeño privado en esta área.

En una economía que opera con un Estado subsidiario, los privados resuelven qué, cómo y para quién producir, y asumen el riesgo respectivo. El Estado sólo participa de estas decisiones temporalmente y en la medida en que los privados, por sus limitaciones, no puedan hacerlo.

La tendencia debería orientarse precisamente en el sentido contrario a más presencia del Estado en el ámbito empresarial. Deberían considerarse opciones intermedias, que no suponen una privatización total, para ciertas empresas estatales. Abrirlas a capitales privados sería un paso hacia una mejor focalización del Estado.

Los grandes beneficios sociales de esto se aprecian en experiencias como la de Brasil con Petrobras y Vale do Rio Doce, y en Colombia, con Ecopetrol.

Todas ellas lograron imprimir un sello empresarial a la gestión, aislándola de conflictos políticos y mejorando su rentabilidad.
Editorial - "El Mercurio" - Santiago - 8-Feb-2008