El orden público como bien democrático

El orden público democrático solo puede ser el resultado de una sociedad justa.

Y por eso hay que considerar sociedades enfermas a aquellas que, poniendo el acento sobre la eficacia policial y el castigo a los delincuentes, solo consiguen un orden aparente que se asienta sobre cárceles atiborradas, juicios trapalleiros y poco garantistas y una extensión de la sospecha sobre todo ciudadano que no asuma la carga de probar su inocencia.
Las pésimas experiencias derivadas de la ley contra la violencia de género, contra los delincuentes sexuales y contra ciertos delitos especiales como la circulación y el narcotráfico, deberían ser suficientes para desprestigiar las reformas a la carta del Código Penal, y para explorar más en serio el orden público preventivo.
Pero, a la vista de los fuertes componentes demagógicos que anidan en los partidos y en ciertas organizaciones cívicas, y de la pérdida de los valores y principios que enmarcan el hecho democrático, todo indica que el PP puede sacar buenas rentas electorales de hacer exactamente lo contrario:
- construir más cárceles,
- rebajar la edad penal a los 12 años,
- ampliar los delitos considerados especiales, y
- fiar la paz social a una Policía Nacional pagada con sueldos de ertzainas.
En contra de la candidez socialista, que cree que las propuestas del PP se desautorizan a sí mismas por ser propias de la derechona, estoy convencido de que la moda del orden público represor constituye una fuente de votos casi inagotable. Y no solo porque la gente reacciona con pavor irracional ante
- los asaltos a domicilios,
- los secuestros y violaciones o l
- a simple mención de las bandas kosovares,
sino porque el propio PSOE mantiene una posición acomplejada y contradictoria que no sabe si quedarse con la democracia radical de Rubalcaba o con las simplezas de Fernández de la Vega. Porque, aunque es evidente que el PSOE trata de mantenerse en un punto de equilibrio entre el Estado policial y el orden público democrático, también es verdad que la demagógica reconducción de la democracia al Estado de derecho, que inspira la vicepresidenta, acaba dándole toda la razón a las propuestas de Rajoy.
Claro que no tendríamos ningún problema si todas las propuestas de orden público, dentro y fuera de las elecciones, tuviesen como base el sereno estudio de las medidas que se pretenden adoptar. Pero si seguimos sin ese debate, presos de la improvisación y el miedo, y si Rajoy hace demagogia a caño abierto con el Código Penal, pronto empezará Zapatero a competir con él para ver quién es mejor castigador, en una tendencia que en modo alguno debería entusiasmar al país de la Unión Europea que tiene el triste récord de mayor población reclusa.
Xosé Luis Barreiro Rivas - "La Voz de Galicia" - Santiago - 14-Feb-2008