Orden Público

El Gobierno debe garantizar el ambiente para el desarrollo de la actividad privada.

La estabilidad es un elemento fundamental en un escenario propicio para invertir. No obstante, al igual que en 2007, existen hechos delicados que están poniendo luces amarillas, en torno al clima laboral.
La toma de cuatro centros de cultivo de la planta salmonera Aguas Claras, filial de AquaChile -controlada por las familias Puchi y Fisher-, en medio de una negociación colectiva entre la empresa en la X Región y sus trabajadores, llevó a aplicar el derecho del empleador de impedir temporalmente el acceso a la empresa, por 30 días, y a no descartar que el cierre transitorio se transforme en definitivo.
Los ejecutivos de la compañía hicieron un llamado al Gobierno para hacer respetar el Estado de Derecho en la zona. La respuesta de La Moneda a través del subsecretario del Interior, Felipe Harboe, fue circunscribir lo sucedido a relaciones entre privados; atribuir lo ocurrido a un mal manejo de las relaciones laborales y conminar a las partes a superar “sus legítimas desavenencias en el marco del respeto del ordenamiento jurídico y la tranquilidad del orden público".
A su turno, la empresa replicó que las tomas ilegales, no dependen de la relación empleador-trabajadores; y que hay elementos infiltrados y motivaciones políticas en este movimiento.
Claramente preocupa lo ocurrido y que un manejo no adecuado de los hechos, pueda sentar precedentes que hagan que este tipo de situaciones se expanda tanto dentro la salmonicultura, como a otros sectores productivos.
El año pasado el país presenció hechos de extrema violencia, con los que se buscó presionar a Codelco para negociar colectivamente con trabajadores subcontratados; y la ambigüedad de las declaraciones de los secretarios de Estado, ante los criterios disímiles existentes en el gabinete sobre la ley de subcontratación, hizo crecer el conflicto como una bola de nieve.
Fue en ese contexto, cuando dirigentes de las movilizaciones, que han sido legitimados por integrantes del gabinete, advirtieron que después de Codelco, irían por el sector privado.
El cumplimiento de las leyes vigentes atañe tanto a empleadores, como trabajadores, y en un ambiente de respeto a la contraparte no hay reivindicación que justifique las tomas ilegales, ni transgredir la propiedad privada.
En tanto es un deber irrenunciable de las autoridades garantizar el acatamiento al Estado de Derecho.
Opinión - "Estrategia" - Santiago de Chile - 13-Feb-2008