Un buen gobierno depende de muchos factores. Uno indispensable es la calidad del servicio público, en particular su capacidad para
- responder a las tareas diarias y
- ejecutar las políticas definidas por los representantes de la ciudadanía.
Eso supone profesionales de calidad y muy comprometidos con estas labores. Cada vez más se reconoce que un Estado eficaz, eficiente y honesto es una fuente de competitividad de los países.
Si bien Chile tiene un Estado relativamente bien evaluado en algunos estudios internacionales, aún está muy lejos de los niveles de los países de mayor ingreso per cápita, y a medida que ha aumentado el monto de los fondos que administra y la complejidad de las tareas que debe abordar, sus limitaciones se hacen cada vez más evidentes.
Quizás la principal limitación es la fuerte penetración de los partidos oficialistas en cargos de la administración pública. Se ha avanzado algo en limitar este fenómeno, como resultado de la creación de la Alta Dirección Pública, pero queda aún mucho por avanzar.
En demasiadas reparticiones los cargos ejecutivos están encomendados a operadores políticos. Así, Chile sigue estando lejos de tener un servicio civil adecuado.
En muchos países que tienen estos servicios, los cargos que llegan hasta el equivalente de nuestros subsecretarios son seleccionados por concursos públicos internos o externos, en tanto que los ministros llegan al gobierno sólo con un equipo de asesores.
Por cierto, el servicio civil tradicional no está exento de problemas. A menudo se critica su falta de agilidad. Por eso, en las últimas dos décadas muchos países han simultáneamente fortalecido y flexibilizado sus servicios civiles. Entre otros cambios, han modificado los regímenes laborales especiales que los caracterizaban, para asimilarlos a los que rigen al sector privado.
Chile necesita con urgencia fortalecer su servicio civil y dejar a los actores políticos fuera de la gestión estatal. Los conflictos de interés que dichos actores generan rara vez son resueltos en favor de los ciudadanos, y ese esquema no asegura una buena administración.
En el fondo, son formas ineficientes e inadecuadas de financiar la actividad política, y además son discriminatorias, pues sólo benefician a los partidos oficialistas.
Se requiere un pronto compromiso político para realizar esta reforma rectificadora, porque si mañana la Alianza llegara al poder, tendría los mismos incentivos para llenar esos cargos con sus propios operadores.
Avanzar hacia un servicio civil ágil y eficiente quizá requiera compensar a los funcionarios públicos y a los partidos políticos con financiamiento para su operación.
Pero, a esta luz, ésos parecen ser recursos bien invertidos.
Editorial - "El Mercurio" - Santiago de Chile - 19-Abr-2008
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