sábado, 22 de marzo de 2008

Estado Moderno:Separación del mundo político de la ejecución de la política

Temas económicos.

Por supuesto, no se trata de hacer planificación estratégica ni de elaborar una serie de planes que, por el dinamismo propio del sistema económico, comiencen a mostrar sus fallas al momento de ser puestos en marcha.
Habitualmente se esbozan apenas algunas metas cuantitativas ligadas al nivel de ingreso per cápita, abriéndose un debate respecto de si la meta es muy ambiciosa o demasiado modesta; pero rara vez se pone el acento en cuáles son las transformaciones que se requieren para hacer realidad esa meta.
Chile tiene

- una arquitectura institucional y
- una calidad de sus políticas
que en muchos aspectos superan las de nuestros vecinos o países de similar nivel de desarrollo, pero en ambas dimensiones aún estamos muy lejos de los países más avanzados.
Es verdad que cada cierto tiempo se hacen reformas importantes y de calidad, como las reformas procesal penal y previsional, pero es común que los temas y las velocidades a que se avanza en otros ámbitos estén muy lejos de una mirada de mayor alcance. Lo ilustra un caso reciente: el jueves pasado se envió un anuncio sobre gobiernos corporativos de empresas estatales que constituye un avance significativo respecto de la situación actual.

Por ejemplo, se crea en el Sistema de Empresas Públicas un consejo independiente y profesional, se incorpora a dicho sistema a empresas públicas actualmente fuera de él, y se establecen procedimientos transparentes para designar a los directorios de las mismas.
Hay un propósito loable de lograr en ellas garantías de una administración más profesional y de que rindan cuentas de manera efectiva. Pero una mirada de más largo plazo sugiere -como incontables ejemplos lo corroboran- que ellas o, al menos, una proporción significativa de su propiedad deberían estar en el sector privado. Esto último eleva
- la calidad de la gestión,
- la transparencia y
- la rendición de cuentas
de una forma que hace que los demás arreglos institucionales sean sólo sustitutos muy imperfectos e incompletos.

Mirando la experiencia internacional, no cabe duda de que este camino se va a recorrer tarde o temprano. Por eso, esta iniciativa revela timidez política y deja entrever que el país está enfrentando sólo a medias los desafíos que supone alcanzar el nivel de progreso de los países más ricos del planeta.

Un Estado Moderno
Lo anterior también refleja inmadurez política, porque la población no es aún especialmente contraria a esta forma de modernizar nuestras empresas estatales. Hay grupos de interés particulares que se oponen a ello, pero no es razonable que estos dicten la agenda del país. Por eso, es preocupante la falta de audacia en este campo, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro país se ha beneficiado tanto de la economía de mercado y de las privatizaciones de empresas en el pasado.

En general, estos problemas están más bien ligados a falta de competencias en las diversas reparticiones públicas, no porque no existan en el país e incluso en el propio Gobierno, sino, en gran medida,
- por la falta de flexibilidad del sector público para adaptarse a los nuevos desafíos o
- por incapacidad para desarrollar las habilidades que se requieren para enfrentarlos.
Estas deficiencias se observan hasta en nuestras mejores reparticiones estatales. Por ejemplo, es sorprendente la lentitud con que el país ha avanzado para adaptarse a Basilea II.
Por supuesto, influye también el que se trata de materias no muy visibles, cuya tramitación puede postergarse, pero eso impide que Chile se adapte con rapidez a los estándares internacionales y, obviamente -aun cuando su impacto sea muy marginal-, retrasa la aspiración del país a alcanzar el desarrollo: una suma de efectos marginales tiene, a la postre, un impacto importante en el ritmo de progreso de una nación.
Pero los tiempos que se requieren para realizar reformas profundas del Estado y para dotar a las diversas reparticiones públicas de
- la flexibilidad,
- las capacidades profesionales y técnicas y
- las normas que aseguren elevados niveles de transparencia y eficacia en su labor

hacen que estas tareas no cobren prioridad en la agenda política o económica.
A ello hay que agregar que existen importantes intereses que defienden el statu quo e invitan a evitar los costos políticos que lleva aparejados el enfrentar estas tareas. Pero si ellas no se acometen, el Estado será cada vez un lastre más evidente en nuestra difícil carrera hacia el desarrollo.
Nuestro Estado necesita asegurar, en primer lugar, una independencia del mundo político en todo aquello relacionado con la ejecución de políticas
.

En Chile, aún se confunden en demasía el Estado y el Gobierno.
Los gobiernos se ganan en las urnas el derecho a diseñar las políticas y a velar porque éstas se apliquen en el país, pero la ejecución de las mismas tiene que recaer en manos de equipos profesionales, que aseguren un uso efectivo y eficiente de los recursos en todo momento.
Las políticas no sólo deben ejecutarse, sino también evaluarse periódicamente, para verificar sus reales resultados. Los servicios deben rendir cuentas públicas
- de su labor,
- de sus estados financieros y
- del buen uso de los recursos públicos,
de modo que la ciudadanía y sus representantes puedan supervigilarlos adecuadamente. También deben tener la flexibilidad suficiente para mejorar sus prácticas de gestión y asegurar el cumplimiento de las políticas públicas al menor costo posible.
En fin, Chile debería imaginar el Estado que necesita para apoyar su desarrollo y reformarlo con decisión, durante sucesivos gobiernos, para que esté a la altura de las demandas y expectativas de sus ciudadanos.

Editorial - "El Mercurio"- 22-Mar-2008

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