Estado, economía y algunos matices

Que el funcionamiento del sistema de precios a veces no logra el resultado idóneo (eficiente) es algo admitido por todos. Y que esto plantea la acción pública como forma de corregir dicha ineficiencia, también.

De hecho, dado que el mercado es poco eficiente cuando no toda la información relevante se transmite a través de los precios, el margen de actuación pública es amplio.
Aparte de proporcionar servicios legales y policiales para garantizar los derechos de propiedad individuales, el Gobierno puede hacer -y de hecho hace- más cosas.
- Primero: modifica el sistema de derechos de propiedad que rige el intercambio, transformando recursos de acceso común en privados y regulando otros de libre acceso.
- Segundo: sobre las actividades que generan efectos externos (variables que ni son precios ni son controlables por los agentes, pero que afectan a sus utilidades), diseña impuestos para alinear costes y beneficios privados con los sociales.
Así, modifica los precios de bienes que generan externalidades positivas -hasta el punto de ser percibidos como «gratis»- para fomentar su consumo, aplica el principio de «quien contamina, paga», etcétera.
Y el papel que juega suministrando bienes íntegramente utilizables por todos y de cuyo consumo resulta difícil excluir a nadie es bien conocido.
- Por último: el Estado interviene en el mecanismo de asignación, ya sea directamente (cuando produce por su cuenta o nacionaliza monopolios y vende sus productos al coste marginal de producirlos) o indirectamente (atenuando el poder de mercado de las empresas a base de regular tarifas, dando subvenciones para aumentar la producción de bienes monopolizados, etcétera).
Ahora bien, no es obvio que en estos casos -y muchos otros- la acción del Gobierno restaure la eficiencia que el mercado no consigue. Por 3 razones:
- la falta de altruismo,
- los costes de la información y
- el hecho de que la mayor parte de los impuestos distorsionan las condiciones de eficiencia.
Las medidas del Estado resultan de acciones e interacciones de electores, políticos, funcionarios, burócratas y trabajadores de las empresas públicas.
Suponer que todos ellos son altruistas y están motivados solo por el deseo de alcanzar la asignación de recursos eficiente no es cabal:
- a los electores puede que les preocupe el efecto de las políticas en sus impuestos;
- a los políticos, su reelección;
- los directivos de las empresas públicas pueden preferir no dedicar tiempo y esfuerzo a producir al mínimo coste; y
- a los burócratas, considerar el gasto en su departamento como una medida de estatus.
Por otra parte, la información es necesaria para decidir qué políticas hacer y para controlar que las finalmente elegidas se han llevado a cabo y han logrado el resultado previsto.
¡Pero la información suele estar dispersa, y su adquisición y transmisión es costosa!
Para predecir los efectos de la acción económica del Gobierno, es necesario, pues,
- examinar las instituciones públicas, al ser estas (y no el mercado) las que proporcionan
- incentivos para tipos concretos de comportamiento de los agentes y
- para producir, procesar y transmitir la información.
Esto es, analizar cómo el marco institucional diseña las recompensas y penalizaciones para distintas conductas de los agentes, con el fin de averiguar si inducirá la eficiente.
Confiar la corrección de los fallos de mercado a la mera acción pública sin hacer previamente este análisis es como cerrar los ojos y tirar a la diana.
Manel Antelo - "La Voz de Galicia" - Santiago de Compostela - 27-Feb-2009