El riesgo que los inversionistas perciben de Argentina se disparó el martes ante la incertidumbre causada por el anuncio sobre la nacionalización de su sistema de jubilaciones.
La nación vecina se encuentra en el primer lugar del ranking mundial de Credit Default Swaps (CDS) -instrumentos que sirven para medir el riesgo de que un país no pague su deuda-, con 4.245 puntos base.
En un lejano segundo puesto, y con 2.470 pb., está Pakistán, que ha sido devastado por la crisis y que está pronto a recibir un paquete de rescate del FMI.
Venezuela, con 1.678 pb., alcanza el tercer lugar, seguido de cerca por Ecuador con 1646 pb.
Chile está en el número 28, con 195 pb.Pero no sólo las recientes medidas tomadas por el gobierno han puesto la alarma en los inversionistas. Argentina "ha sido manejada dentro de una estrategia económica con poca disciplina", afirma Alfredo Coutiño, analista senior para América Latina de Moody's.
El experto considera que no se resolvieron los problemas estructurales de la economía, los que incluso se han agudizado en los últimos años. Ahora, ante un panorama internacional de restricción de liquidez, se ve con "la soga prácticamente en el cuello, y con una economía tambaleante", afirma Coutiño.
El riesgo-país de Argentina ya venía subiendo con fuerza, y el martes rompió el nivel psicológico de otra popular medida, el EMBI+, alcanzando los 1.600 pb. Esto, por el derrumbe de los bonos de su deuda pública, que cayeron 7% en promedio.
"No hay nadie que compre un bono argentino, ni bajo amenazas", afirma Alberto Bernal, economista para la región de Bulltick, refiriéndose a la desconfianza de los inversionistas en ese país.La importancia de estas mediciones es que muestran el grado de "peligro" que tiene un país para las inversiones extranjeras. Mientras más alto es el riesgo-país, menor es el capital internacional que llega a una economía.
Duras consecuencias
Los niveles de Argentina pueden llevar a que los volúmenes de inversión disminuyan más drásticamente, no sólo para financiar las cuentas fiscales sino también para las empresas argentinas que están tratando de sobrevivir al vendaval externo, explica Coutiño. Para el experto, esto podría llevar a una desaceleración brusca del crecimiento económico el próximo año, si no se encuentran fuentes alternativas de financiamiento.
Manuel Bengolea, director ejecutivo de Fit Research, descarta tajantemente que esta mayor aversión al riesgo se propague al resto de la región. "En la crisis de 2001, Argentina contagió a los otros países porque estaba en la cartera de inversión de todos los inversionistas, ya sea en bonos como en renta variable. Pero hoy en día no figura en el radar de nadie", afirma Bengolea.
Eugenio Luis Semino defiende el fin
Un discurso absolutamente en contra de las instituciones financieras argentinas es el que tiene Eugenio Luis Semino, quien ocupa el cargo público de ombudsman o defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires.Aunque reconoce que el Estado no ha sido capaz de administrar bien los fondos de los jubilados históricamente y siempre se ha visto tentado a "echar mano" a los fondos públicos con fines electorales, -razón por la cual nació el sistema privado en 1994-, afirma que el sistema privado ha sido menos efectivo haciendo malas inversiones y perdiendo sumas importantes desde su inicio y especialmente ahora con la crisis internacional.
Según él, las AFJP's son los apéndices de los bancos, que son quienes se robaron los depósitos en el 2001. "Y como administradoras de estos fondos se han llevado US$ 11.500 millones en comisiones -casi un 40% de lo aportado por los trabajadores- y días antes de anunciar esto hicieron un intento de venta de acciones precipitadas por el que hoy se está investigando la responsabilidad penal de los gerentes de las administradoras".Por eso defiende el cese del sistema previsional privado, transfiriendo los recursos ya existentes a un fondo común e iniciar el camino hacia la conformación de un sistema público único.
Y cómo se garantizará que no se haga un mal uso político de este con un año electoral por delante en 2009. "La garantía se la tenemos que prestar los ciudadanos, los organismos de garantía y quienes controlamos el sistema político", señala el funcionario público."Las AFJP hicieron un intento de venta de acciones precipitadas por el que hoy se está investigando la responsabilidad penal de sus gerentes"
Juan Luis Bour: "El Estado es el responsable del deterioro del sistema"
Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), dice que el Estado argentino ha tratado de presentar esta medida como una solución a los problemas de la economía, pero que en realidad no tenía financiamiento.
"Son los pensionados los que están salvando al gobierno a través de la entrega de esos fondos de pensión", señala. Agrega que el Estado decidió tener este colchón de recursos, "con consecuencias muy graves para el sector privado", entre ellas, menor financiamiento.
"Tendremos una contracción crediticia", sostiene. Esto tendría un efecto sobre la tasa de inversión de la economía. "Argentina entrará en un escenario de muy bajo crecimiento y probablemente de recesión", dice. D
esconfía que el Estado pueda resolver el tema de las pensiones, y agrega que los cotizantes más afectados serán los trabajadores formales que llevan varios años aportando al sistema, "pues el sistema estatal de reparto reconoce hasta los 30 o 35 años de aporte".Además, a su juicio, la situación actual sería de default. "Buena parte de las carteras están en los bonos públicos, los cuales se han desplomado (...) el Estado es el responsable del deterioro que hay en el sistema previsional". Opina que hay una inconsistencia entre los gobernantes que reciben los fondos hoy, y quienes tendrán que hacer frente a los pagos los próximos años. "Esta decisión tiene un contenido expropiatorio".
Bour proyecta además un menor crecimiento en 2008: "Algo así como 6,5%, y estamos discutiendo si el año próximo va a tener una tasa de crecimiento 0 o 1%".
"Son los pensionados los que están salvando al gobierno a través de la entrega de esos fondos de pensión".La alta inflación y el menor crecimiento a futuro empobrecen al vecino país
La menor tasa de crecimiento económico, que algunos analistas proyectan, entre 1% y 2% para 2009, y la expropiación de los fondos previsionales ahorrados son el reflejo del empobrecimiento que está afectando a los argentinos, dice Francisco Garcés, director del Centro de Economía Internacional de Libertad y Desarrollo (LyD)."
Son US$ 30 mil millones que pierden los ahorrantes argentinos. Van a tener pensiones que les pagará un Estado débil y pierden sus propios fondos", explica.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció 9,2% en 2005; 8,5% en 2006 y 8,7% en 2007. Las proyecciones de The Economist apuntan a un 6% para este año y 3,5% en 2009.
La inflación efectiva, entre 20% y 30% anual que tiene el país, constituye otra fuente de pobreza pues muchas personas no la pueden compensar a través de mayores ingresos y por otra parte, agrega el especialista, los hechos arbitrarios que surgen de la institucionalidad económica argentina, carente de reglas de mercado, afectan a diversos grupos y los empobrecen.
Según cifras oficiales, la inflación en Argentina está en torno al 10%, medición que ha estado en tela de juicio no sólo por la cantidad de precios fijos, sino por los constantes cambios que se han introducido a la canasta que sirve de base para calcular las variaciones de precios (los productos que han tenido fuertes alzas son sacados de ésta).
En la actualidad, el IPC de Argentina se calcula con 158 productos, en comparación a los 483 que incluye la canasta en Chile.Y en ese cuadro, se desincentiva la producción, la inversión y el ahorro. Argentina se ha convertido en un país relativamente pobre comparado con países de similar potencial de recursos naturales. Es el caso de Australia, que tiene un ingreso per cápita de US$ 40 mil mientras que Garcés calcula que el ingreso de Argentina es de US$ 8 mil, corregido por tipo de cambio.
Argentina tiene un sistema tributario que está ligado a las exportaciones. El precio de la soya, uno de sus principales productos de exportación, ha caído en cerca de 50% y ello probablemente llevará aparejada una reducción en los ingresos tributarios del país.
El próximo año el país tiene importantes vencimientos de deuda y en ese contexto es posible que el Gobierno esté echando mano a recursos adicionales, en desmedro de los fondos que están en manos de las personas.Recientemente, las autoridades plantearon su intención de pagar la deuda a tenedores de bonos, pendiente desde 2002, en un intento de volver al mercado del crédito debido a la caída en los ingresos.Probablemente ese pago se financiaba con cargo a las reservas del país, lo que en opinión de Garcés es otra forma de abuso porque las reservas son para que el Banco Central las use en tiempos de dificultades.
Alza de precios
Según cifras oficiales, la inflación en Argentina está en torno a un 10%; economistas privados la sitúan en torno a 20-30%.
Arthur critica que fondos se usen para el déficit fiscal
Guillermo Arthur, presidente de la Asociación de AFP, ve con preocupación el anuncio del gobierno argentino que busca poner fin a las AFJP. Para el dirigente gremial, es grave que los ahorros de los argentinos sean usados para cubrir el déficit fiscal.
"El trabajador es dueño de sus ahorros, éstos no pueden ser usados con otro propósito, y según lo que han dicho analistas argentinos los recursos se estarían usando para pagar el déficit fiscal", dijo Arthur.
El también presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) plantea que con la decisión de terminar con el sistema previsional argentino se está pasando a llevar el derecho de propiedad de los cotizantes trasandinos.
Al ser consultados por las medidas que la FIAP podría tomar al respecto, Arthur contestó que éstas aún no se han decidido.Respecto al efecto que la decisión podría generar en Chile, el dirigente comentó que las AFP en nuestro país están en una situación totalmente distinta, ya que Chile tiene una sólida estructura jurídica. "Lo importante es que en Chile se respeta la propiedad sobre los fondos de los cotizantes", argumentó.
Estatización de los fondos de pensiones - VALENTINA ÁLVAREZ CorresponsalBUENOS AIRES.–
"Si el sistema privado era tan deficiente, ¿por qué no lo mejoraron? Ahora vienen de la noche a la mañana a decir que todos tenemos que conformarnos con la jubilación estatal, sin poder optar", se queja María Giorello, ejecutiva del área de Marketing de una compañía de consumo masivo, y cotizante en una administradora privada de fondos de pensiones desde hace más de diez años.
La repentina decisión oficial de estatizar el sistema previsional -privatizado durante la gestión de Carlos Menem, en 1994- ha creado una considerable polémica en Argentina, además de derrumbar las acciones de los bonos estatales y de los bancos accionistas de las mayores AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), que administran cerca de US$ 30 mil millones.
Opositores políticos y analistas estiman, por unanimidad, que se trata de una decisión movida por la necesidad imperiosa de la Presidenta de conseguir fondos para cerrar las cuentas fiscales, justo cuando el país no tiene acceso internacional al crédito.
El Gobierno, en cambio, dice que se trata de una medida solidaria: voceros oficiosos aseguran desde hace días que las inversiones de las AFJP están perdiendo valor por la crisis financiera global, y había que salvaguardar el ahorro de los argentinos.La decisión del Ejecutivo representaría un ingreso adicional de unos US$ 5 mil millones anuales para el Estado, pero debería ser aprobada en el Parlamento.
Como muchos políticos locales afirman, la ejecutiva María Giorello insiste en que los argentinos tendrían que tener la posibilidad de elegir si quieren que sus aportes previsionales los administre el Estado o una empresa privada."Esto es un retroceso, una decisión autoritaria propia de Kirchner (sic)", asegura.
"Si pudiera elegir, no aportaría ni al Estado ni a una AFJP, porque sé que en la Argentina ninguno me garantizará una jubilación decente", asegura Alberto Hamui, dueño de una peluquería en el centro de la capital y cotizante del sistema estatal.
Fernando Margules, un kinesiólogo que trabaja para el Servicio Penitenciario Federal Trasandino estima, sin embargo, que la reestatización del sistema es positiva: "Las AFJP cobran unas comisiones que nunca se sabe por qué aumentan, nunca sabes cuánto tenés ahorrado; en cambio el Estado, por más problemas que tenga, siempre garantiza una jubilación".
Funcionarios del Estado, en cambio, desconfían de la decisión oficial. "Transferir esos fondos es como poner un zorro dentro de un gallinero", dijo el martes el defensor del Pueblo de la Nación (ombudsman), Eduardo Mondino. A su juicio, las AFJP demostraron ser ineficaces, pero el cambio del sistema privado al estatal debería ser por consenso.
LUZ MARÍA ZAMBRANA - "El Mercurio" - Santiago de Chile - 22-Oct-2008
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