Lecciones de la crisis para los reguladores

"Cuando un banco sea insolvente, un rol sectorial del Estado es aplicar un sustituto de la quiebra común, que preserve la liquidez de los pasivos, pero sacrifique a los accionistas."

La crisis internacional parte en febrero de 2007, cuando se revierte la tendencia al aumento de precios de viviendas en EE.UU., que duró quince años. Pero el 15 de septiembre de 2008 la crisis escaló violentamente. En esa fecha el Departamento del Tesoro de EE.UU. permitió que se aplicara la quiebra común a Lehman Brothers, con pasivos por 613 mil millones de dólares, emisor de otro tanto en garantías fuera de balance y objeto de unos 270 mil millones en garantías para insolvencia, emitidas por terceros.
La súbita iliquidez y la sospecha de que la quiebra común podría aplicarse en otros bancos gatillaron el pánico financiero en Europa y EE.UU.El Tesoro se lo buscó.
Es sabido que el Estado debe producir dos insumos públicos para que un sistema financiero funcione:
- En las crisis debe sustituir la quiebra común de los entes que emiten pasivos líquidos, y, a cambio, debe exigir un capital mínimo a dichos entes en tiempos normales. La iliquidez de las deudas de un banco forzaría a cientos de sus acreedores a incumplir sus propias obligaciones, generando una cadena de quiebras en el sector real.
- Por otro lado, la quiebra común presenta una gran demora -hasta diez años- que hace ilíquidos los pasivos. Por eso, cuando un banco sea insolvente, un rol sectorial del Estado es aplicar un sustituto de la quiebra común, que preserve la liquidez de los pasivos, pero sacrifique a los accionistas.
El escalamiento de la crisis se debe a una monumental falla de ejecución de parte de un Estado.

¿Por qué había crisis antes de septiembre?
El crecimiento del crédito para la vivienda en EE.UU. durante quince años fue alimentado por una segunda falla del Estado. La exención de la quiebra implica garantizar los pasivos.
Esta garantía es un subsidio, que puede inducir a las entidades garantizadas, a lo largo del tiempo, a tomar riesgos a costa del garantizador.
Para evitarlo, el Estado debería exigir un capital mínimo a los accionistas. Esto falló en EE.UU.
La autorregulación en materia de solvencia fracasó: la banca de inversión fue autorizada para autorregularse y Bear Stearns no lo hizo. Los fondos money market no tenían la liquidez asegurada.
Los supervisores fueron debilitados por los políticos. La izquierda legisló para extender las hipotecas con 0% de pie a los sectores más pobres.
El senador Gramm legisló para eximir de requisitos de capital mínimo a los emisores de garantías, con el fin de "promover la competitividad internacional" de Wall Street.
También se sacrifican objetivos superiores con la excusa del capital mínimo. Ampliar el número de bancos estatales evita las insolvencias, pero el riesgo pasa al contribuyente, como en Fannie Mae y en China, y aumenta la interferencia política en el otorgamiento de créditos.
En Chile abundaron las hipotecas con 0% de pie y ahora la mayor exigencia de pie causa estragos.
Proteger barreras a la competencia de terceros con los bancos y permitir comisiones e intereses leoninos en créditos de consumo y a la pyme eleva el capital bancario intangible, pero es ineficiente e inequitativo.
El crecimiento en los precios de la vivienda en EE.UU. también parece haber sido alimentado por una demanda mundial creciente por activos financieros seguros.
La crisis asiática (1997-98) convenció a los países emergentes de acumular enormes fondos soberanos. Ricardo Caballero ha sugerido que esta demanda, unida a la ventaja competitiva de EE.UU. en securitizaciones (inventada hace 30 años), ayuda a explicar el sostenido aumento en los precios de viviendas.
El Estado no puede prevenir esto.
SALVADOR VALDÉS - "El Mercurio" - Santiago de Chile - 27-Oct-2008