Riesgo de contagio...

... argentino.

LA decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de expropiar los ahorros de los argentinos mediante la nacionalización de los fondos de pensiones no ha podido llegar en peor momento para los ciudadanos de ese país y para los intereses de las empresas españolas.
Si alguien albergaba todavía alguna esperanza sobre el cumplimiento de los contratos y el respeto a la legalidad en el país austral, la ha perdido definitivamente, lo que representa una tragedia en un momento de elevadísima aversión al riesgo entre los inversores. La reacción desproporcionada de la Bolsa española refleja el miedo al contagio y la posibilidad de que cunda el ejemplo.
La decisión responde a las crecientes dificultades de Argentina para hacer frente a los compromisos con sus acreedores en un escenario de precios de materias primas a la baja y tensiones financieras y de balanza de pagos.
Los pagos anuales de su deuda en pesos se estiman en 13.000 millones de dólares, y no se le ha ocurrido mejor idea que expropiar las pensiones de jubilación de sus ciudadanos. A partir de ahora, las contribuciones anuales a los fondos privados serán consideradas ingresos fiscales ordinarios y serán, por tanto, de libre disposición por parte del Gobierno.
Las consecuencias recaen sobre los jubilados, que verán cómo disminuyen sus pensiones, cuya cuantía queda al albur del déficit público y de sus posibilidades de financiación vía inflación, despertando viejos fantasmas de un pasado reciente.
No cabe olvidar que fue precisamente esa situación extrema la que dio origen a un sistema de capitalización individual que ha funcionado con notable éxito en países como Chile.
Con ser grave la decisión, más aún lo es la torticera justificación utilizada. Cristina Fernández se escuda en las decisiones de emergencia adoptadas en los países industrializados para detener la hemorragia financiera y acude a la más rancia retórica anticapitalista, pero los hechos la desmienten: las administradoras de fondos de pensiones nunca habían tenido problemas para hacer frente a sus obligaciones y estaban ofreciendo rentabilidades de dos dígitos. No es una decisión prudencial, sino oportunista.
Aprovechando la crisis internacional, la presidenta argentina da una nueva vuelta de tuerca en su intento de deshacerse de la incómoda ortodoxia económica y recupera su perfil más intervencionista, aislando nuevamente al país de la comunidad internacional de naciones prósperas.
Ese miedo es el que ha castigado a las empresas españolas, y no sólo las que están presentes en Argentina, que cada vez son menos y las que quedan con menor exposición relativa, sino en todo el continente iberoamericano.
Como bien ha dicho Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, los inversores temen que ante las dificultades crecientes de una crisis que finalmente ha llegado a los países emergentes, algunos líderes rescaten el discurso y las prácticas anticapitalistas.
Todas las instituciones internacionales habían alertado del peligro de que la recesión mundial se tradujese en restricciones proteccionistas que la alimenten y magnifiquen. El Gobierno español ha venido adoptando una actitud de apaciguamiento y comprensión con estas provocaciones que lesionan seriamente los intereses españoles.
Nada de lo que ocurra en esa región nos puede ser ajeno, no sólo por los intensos lazos culturales históricos, sino porque la economía y la empresa españolas tienen un hecho diferencial en su exposición al mundo iberoamericano.
Cierto es que las grandes multinacionales españolas han venido diversificando riesgos geográficos y adoptando posiciones importantes en otros mercados, como el europeo y el asiático, pero la comunidad internacional todavía las considera hispanoamericanas.
El presidente Zapatero haría bien en no menospreciar el peligro añadido que se cierne sobre nuestro futuro y debería adoptar una posición política más firme y decidida.
Ha llegado la hora de abandonar la retórica comprensiva con los enemigos de la economía de mercado, que son los enemigos de las empresas y los trabajadores españoles.
Alguien debería hacer saber al Gobierno argentino el coste de estas decisiones, aunque sólo sea por razones preventivas.
Una gran potencia que aspira a estar entre los poderosos tiene que perder complejos y defender sus intereses. Mecanismos tiene la legalidad internacional.
Editorial - "ABC" - Madrid - 24-Oct-2008