Recesión y desempleo

La probabilidad de una recesión mundial ha continuado aumentando, y es un hecho cada vez más cercano que ella repercutirá en Chile.
La discusión acerca de si eso finalmente se traducirá sólo en una disminución del ritmo de crecimiento o en una franca caída del nivel productivo del país es, en otras palabras, un debate en torno a si el desempleo, una de las consecuencias más temidas de los procesos recesivos, será algo menor o mayor.
El recorte del plan de inversiones de ciertas empresas —como el anunciado por Cencosud— revela que las compañías están mirando el futuro con natural cautela y, además, es una señal de advertencia sobre el menor nivel futuro de demanda por fuerza de trabajo.
Asimismo, la disminución del valor de ciertos activos —inmobiliarios o accionarios— que implica una menor riqueza relativa de los agentes económicos —empresas o personas— necesariamente provocará un menor consumo de materias primas, productos terminados o bienes de consumo, todo lo cual también afectará el nivel de empleo.
Las consecuencias del desempleo no son sólo económicas, sino también políticas, pues causan inquietud en la población y, habitualmente, castigo electoral a quienes gobiernan. Por eso, el Ejecutivo normalmente prioriza su atenuación, y es importante que la autoridad anticipe su aparición, siguiendo de cerca las señales y la información que surgen del sector real desagregado de la economía, y adopte medidas que ayuden a paliar sus efectos.
Los ya tradicionales planes de empleos de emergencia, en general improductivos, no parecen ser la mejor manera de abordar este problema: no contribuyen a la autoestima de los trabajadores afectados —quienes sienten que su remuneración no está asociada a una labor verdaderamente útil para la comunidad— y se transforman en un modo bastante ineficiente de utilizar los ahorros que el fisco ha logrado trabajosamente acumular.
Además, esos programas tienden a perpetuarse más allá del período de emergencia, por la enorme inercia del aparato estatal: en la actualidad hay más de 12 planes de empleo fiscal en vigencia, aparecidos durante la crisis asiática de fines de la década de 1990, sucesores intelectuales del PEM y POJH de la crisis de 1982, modificados y ampliados a lo largo de los años.
En fin, estos programas —financiados, conducidos y fiscalizados por el Estado— han mostrado ser, como se ha visto, una fuente permanente de corrupción e incluso de presión electoral. Por todo lo anterior, hoy es evidentemente necesario modificar la mirada con que se apoya la generación de empleo en períodos recesivos.
Al respecto, cabe recordar que la Comisión de Equidad convocada por la Presidenta Bachelet planteó entre sus conclusiones que una fórmula eficiente de mejorar los salarios más bajos consistiría en subsidiar a quienes tienen empleo, completando la diferencia entre su salario actual y el que se considere el mínimo adecuado para el país, entregando un tercio de ese subsidio a la empresa —lo que la estimularía a contratar más trabajadores— y el resto a los propios trabajadores.
Ese esquema tiene la ventaja de estimular el empleo y apoyar a los trabajadores en actividades productivas. Sería valioso buscar una forma de adaptar esa idea a la situación de desempleo que se producirá, para paliar con anticipación el problema que sobrevendrá en el futuro cercano, dando así un mejor uso a los recursos invertidos y estimulando a las empresas a no disminuir su fuerza laboral.
Entre especialistas, esta clase de propuestas ha recibido un apoyo transversal, pues corresponde a la manera moderna de abordar este problema.
Editorial - "El Mercurio" - Santiago de Chile - 23-Oct-2008