La contabilidad del crecimiento usualmente desagrega este proceso en tres orígenes básicos:
- la acumulación de capital físico,
- la mayor utilización de mano de obra y
- la productividad total de los factores empleados.
Lo que se busca distinguir es la proporción del crecimiento en cierto período que se explica por una mayor utilización de factores productivos, por una parte, de aquel que proviene de un mejor uso de esos mismos recursos, por la otra. En otras palabras, distinguir entre más uso y mejor uso de recursos.
De acuerdo con los cálculos que publica la Dirección de Presupuestos, del crecimiento económico promedio de 7,2 % que se registró en el período 1985-1997, la mayor proporción puede atribuirse a una mayor productividad total de los factores (2,9 puntos porcentuales), superando ampliamente la contribución de la acumulación de capital y del mayor empleo de mano de obra (2,4 y 1,9 puntos porcentuales, respectivamente).
El mismo análisis realizado para el período 1998-2007 revela que en ese lapso el crecimiento promedio fue de sólo 3,7 %, explicado en su totalidad por la contribución del capital y del trabajo (2,6 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente), y con un nulo aporte de las ganancias en productividad.
¿Por qué se ha producido esta diferencia?
Porque en el primer período maduró una serie de reformas liberalizadoras que habían sido implementadas previamente en los más diversos ámbitos. A eso cabría sumar otras importantes iniciativas que se pusieron en práctica con posterioridad, entre las que destacan
- la profundización de la integración comercial de Chile con el resto del mundo
- disminución de aranceles y
- suscripción de numerosos tratados de libre comercio con terceros países;
- una modernización del mercado de capitales;
- una mayor inserción internacional, fruto de la eliminación de trabas cambiarias, y
- nuevas privatizaciones de empresas.
A contar de 1998, los cambios que se han introducido en esta línea han sido de menor cuantía y, a la vez, se ha debido convivir con modificaciones en el ámbito regulatorio que se han traducido en una mayor rigidez para el sector privado. Así, a
- las polémicas reformas introducidas en la legislación laboral habría que agregar
- la inconveniente regulación que se impuso en el ámbito de la generación eléctrica, y
- que en buena medida es responsable de las pérdidas de productividad que hoy afectan a vastos sectores de nuestra economía,
- como resultado de un mayor costo de la energía, que trasciende a lo que ha acontecido en los mercados internacionales.
De la macro a la microeconomía
La primera evidencia que surge en este debate es la necesidad de mejorar la calidad de la educación. Nadie discute la relevancia de este factor, pero las diferencias comienzan al discutirse fórmulas concretas para poner en práctica iniciativas con este fin.
Con los antecedentes disponibles, hay fundadas razones para sostener que el eje debería ser la búsqueda de arreglos institucionales que fomenten las conductas que se desea reforzar por la acción de los propios interesados en ello, y no mediante directrices de alguna autoridad reguladora, que en la práctica no logran convertirse en herramientas eficaces.
Así, el cambio requerido no supone necesariamente aumentar el volumen de recursos, sino crear mecanismos de incentivo que permitan que aquéllos sean utilizados con mayor eficiencia. Precisamente en eso consiste mejorar la productividad: lograr más con lo mismo.
El proyecto de Ley de Educación en trámite mejora en algunos aspectos la situación actual, pero no aborda numerosos otros aspectos de vital importancia, como
- el otorgamiento de mayor autonomía a los establecimientos municipalizados y
- el reemplazo del anacrónico Estatuto Docente.
El segundo concepto usualmente planteado es el de invertir en innovación, lo cual también tiene pleno sentido. Pero la eficiencia en esto no requiere una nueva burocracia de planificación central, sino establecer incentivos adecuados.
El beneficio tributario a las inversiones en innovación que introdujo el Gobierno es el camino correcto, porque deja en manos del propio sector privado la gestión de los recursos.
No obstante la validez de lo anterior, cuyos beneficios suelen percibirse en horizontes de tiempo prolongados, un aspecto fundamental no debe ser dejado de lado:
- una inflación baja y estable
- constituye un requisito fundamental para lograr mejores resultados en productividad.
Superado este escollo, la gestión gubernamental debería concentrarse en aspectos menos grandilocuentes, pero de mayor incidencia en el corto plazo, como la creación de condiciones para facilitar el flujo de recursos entre sectores y, especialmente, desde emprendimientos que terminan hacia otros que empiezan -proceso que se conoce como "destrucción creativa"-.
Factores que están incidiendo muy negativamente en la productividad son, por ejemplo,
- el elevado costo de iniciar un nuevo negocio en Chile (27 días en promedio), que es casi el triple del que se observa en países como Irlanda, Nueva Zelandia, Australia y Singapur, y
- las dificultades para cerrar una actividad (cinco años en Chile, versus un año en los países indicados), con una tasa de recuperación de la inversión que, en caso de quiebra, sólo llega al 20 por ciento en Chile -la cuarta parte de lo que se observa en economías que hoy constituyen nuestra referencia.
Cambios en esta línea deberían enmarcarse en un amplio proceso de reforma al Estado, materia en la cual el Gobierno no ha logrado pasar de los anuncios a un proyecto concreto. Pero la gravedad de este problema no admite mayores dilaciones.
Editorial - "El Mercurio" - Santiago de Chile - 2-Ago-2008
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